Lic. Javier García Guerrero. Profesor Titular de Posgrados de Administración Sanitaria y Auditoría de Sistemas de Salud de la Universidad Favaloro. La falta de formación, la precoz y transversal erotización cultural del universo infantil, la inadecuada información en ambientes promiscuos de familias en situación de desprotección social, ensambladas y con parejas sucesivas, con Jefas de Hogares abandonadas, se potencian por la falta de intervenciones eficaces del estado en estas poblaciones en riesgo. El procesamiento y análisis de los datos de los pagos de los subsidios de pre y postembarazos y la Asignación Universal por Hijo, permitiría prevenir focalizadamente. Además de las muertes por abortos, la mortalidad de la madre y de su bebé se cuadruplica cuando la primera es menor de 16 años y se quintuplica cuando tiene menos de 15 años.
Las mujeres reclutadas para la explotación sexual son cada vez más jóvenes: el 48 % tiene menos de 18 años. “Se va hacia una pedofilización” de la prostitución (Universidad de Otawa). En la Argentina de un modo menos explícito y alejado del debate electoral el tema se agrava a diario. Diversos estudios muestran que en la Patagonia, las niñas se inician en la prostitución entre los 13 y 17 años, el 90% lo hace partiendo de una dramática vulnerabilidad social (Unidad de Asistencia en Secuestros y Trata. Gobierno de Neuquén) y en un 95% de los casos después de haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia. La falta de seguridad afectiva, material, el maltrato y la falta de oportunidades de estudio y trabajo coloca a vastos sectores en situación de indefensión o en conflicto con la ley, quedando a merced de la ambición y la perversión que impulsa a las redes de trata y narcomenudeo.
Los daños son tan inconmensurables como irreparables. Los niños desposeídos de su infancia por el abuso pierden la confianza en los adultos y presentan en su mayoría problemas de su salud mental a corto y largo plazo. Los síntomas más comunes son la ansiedad, depresión, conductas agresivas, pesadillas, pérdida de apetito, disminución de su rendimiento escolar, etc. Si dichos síntomas no son tratados de manera inmediata y adecuada, los menores pueden sufrir de serios trastornos psiquiátricos tales como trastornos de personalidad, estrés postraumático o como se viene observando con mayor frecuencia, tendencias suicidas.
Numerosos antecedentes despojan de imprevisibilidad a los casos de explotación sexual de menores denunciados en Viedma. La Directora Provincial de Niñez y Adolescencia de La Pampa y el Subdirector de Sistemas Alternativos de Protección de la Niñez y a la Adolescencia a cargo de los hogares de Menores fueron condenados con inhabilitación para ejercer cargos públicos y multa por Omisión Dolosa por situaciones similares, hace menos de un lustro. La jueza fundamentó su fallo afirmando respecto de los reos que:“nadie puso en juego su personalidad, que eran dispuestos, que iban a los hogares, buscaban que tuvieran actividades recreativas, que tuvieran una vida lo más parecida a la de cualquier adolescente, tal es así que los llevaban al cine, a comer afuera, organizaban cumpleaños”. Sin embargo, la jueza dio por acreditada la acusación por la: “falta de toma de decisiones con proyección de políticas públicas, de desarrollo, de adopción de medidas atinentes a la problemática de los menores por las irregularidades constatadas de casos de abusos sexuales entre menores alojados en los Hogares de Adolescentes Varones, embarazos adolescentes dentro del Hogar de Adolescentes Mujeres, innumerables fugas, abandonos de tratamientos reiterados, con regresos al instituto en formas y horarios inadecuados”. Impidió que los acusados se ampararan en la “naturaleza ejecutiva, alejada del plano operativo” a cargo de sus subalternos recordando que la Ley Nacional Nº 26.061 en su artículo 4ª establece las pautas bajo las cuales se elaborarán las “políticas públicas” de la niñez y adolescencia de modo indelegable. Respecto de la figura de Omisión Dolosa sostuvo que “las conductas omisivas resultaron ser dolosas porque habiendo asumido y sabiendo de las funciones que desempeñarían conforme a las Leyes ya precitadas no lo hicieron” “omitieron actos propios de sus funciones administrativas y del cargo por el cual fueron debidamente designados debiendo velar por el bien jurídico integral (social, psicofísico) de los menores que estaban en condición de vulnerabilidad donde residían y el Estado asumía su guarda pero para protegerlos y que esa situación se revierta”. Reafirmando luego “La omisión tiene la certeza que fue dolosa porque sabían cómo debían actuar, tenían medios, recursos humanos que dependían de ellos y les informaban día a día de lo que pasaba en los hogares con los residentes menores y no cumplieron con las leyes que reglamentaban sus desempeños funcionales, para revertir la situación de riesgo, de vulnerabilidad de esos menores dados en guarda, no cambiando lo que vivían en sus hogares porque acontecieron hechos que a criterio de la juzgadora son graves y no pueden minimizarse”, completó.
La confianza pública en las administraciones con competencias que desde distinto rango jurisdiccional deberían ocuparse del problema, ha sido severamente dañada y el desempeño de sus distintas responsabilidades está cuestionada. Para recuperar credibilidad, además de las conmovedoras declaraciones diluyendo responsabilidades en la sociedad “hipócrita e indiferente” será necesario que podamos advertir que los responsables (en Desarrollo Social, Educación, Derechos Humanos, Justicia, Salud, Seguridad, Salud Mental y Adicciones, etc.) no omiten dolosamente el cumplimiento de la ley, que desaparecen las zonas (Terminales de Ómnibus, Casinos, Hoteles, Locutorios, Agencias de Turismo, Locales de Baile, etc.) e instituciones “liberadas” para el crimen organizado. Será necesario individualizar en forma completa los nombres de los imputados o procesados evitando la búsqueda de réditos políticos mediante la difusión selectiva de las señas de algunos acusados “seleccionados”, que se tomen medidas excepcionales de apoyo a los menores afectados para su seguridad y recuperación.
Será igualmente imprescindible garantizar que los partícipes claves, que tengan información sensible o denuncias para mejorar su situación relativa, no opten repentinamente por el suicidio, resulten víctimas de heridas mortales fruto de la “inseguridad” o protagonistas de un accidente vial, si deciden pasar de la condición de cómplices a testigos, etc. Hace más de una década en un reportaje afirmaba Ernesto Sábato: “Si vamos a evaluar la situación de los niños en Latinoamérica, se le va a helar también a Ud. el corazón, porque es tan cruel que hasta duele ponerlo en palabras” “¿Cómo hemos llegado a esto?” le preguntaron, Sábato entonces repuso: “no se equivoque, no hemos llegado todavía, es sólo el comienzo de algo que crecerá, porque a nadie le importa…” agregando: “Llegaremos a ser destino de turismo de Sexo Infantil. El Noroeste y la Mesopotamia son rutas de tráfico y proveeduría de niñas…” El futuro ya llegó…..también a la Patagonia.
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