La ministra de Desarrollo Social del Gobierno pampeano, Fernanda Alonso, encabezó esta mañana en la sala de reuniones de la Fundación Banco de La Pampa, la primera reunión del año del Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Participaron la ministra de Educación, María Cristina Garello, el ministro de Salud, Rubén Ojuez; el defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meacca, la diputada Provincial, Sandra Fonseca, referentes de Educación, del Poder Legislativo y Judicial, como así también adolescentes y representantes que integran este Consejo.
La ministra de Desarrollo Social consideró esta reunión como un ámbito muy importante para la temática de la niñez, “donde es prioritaria la participación de cada uno de los Poderes del Estado y Organismos de la sociedad civil, cumpliendo con lo acordado en la última sesión del año pasado”.
“Se continuarán tratando y cerrando los protocolos de abuso sexual infantil y de desalojos donde haya niños y niñas involucradas en esa situación. “Hoy incorporamos y conocemos a los nuevos integrantes de los poderes. Posteriormente se retomó el trabajo en comisiones” contó Alonso. Especificó que se convocó a una reunión próxima para darle mayor agilidad al espacio y un nivel de trabajo más alto.
En tanto, el defensor de los Derechos de los Niños manifestó que se retoma el protocolo de abuso sexual infantil, “que es el que regula la actuación de cada organismo cuando hay una denuncia de abuso sexual infantil. Se emprolijan los procedimientos sobre la protección del niño y sobre cómo se levanta el elemento probatorio, para poder avanzar en la acusación penal. Eso les dejará a todos los actores cómo tienen que actuar”, detalló.
En cuanto al protocolo de desalojo, indicó que el año pasado hubo bastantes avances, “logrando algunas pautas con los Juzgados Civiles y Comerciales. La idea es hacer un protocolo que involucra al Poder Judicial. Queremos organizar un procedimiento para “que los organismos de los municipios tengan la información inmediatamente se produce la denuncia. Que no se produzcan situaciones violentas en el momento de desalojo, que se resuelva la problemática familiar y se evite que el juez tenga que ordenarle a la Policía retirar a la familia”.
Por otra parte, Alonso, consultada por la actualización del valor de la tarjeta alimentaria, indicó que este es un programa que se financia con fondos nacionales y provinciales. “Para nosotros el monto no alcanza y desde el Poder Ejecutivo hemos elevado un proyecto a Nación, que el aporte que hace de 90 pesos mensuales por tarjeta, lo actualice a 150 pesos. La respuesta fue que no, porque Nación tiene comprometido la asignación de recursos hasta junio de 2016”.
Desde la provincia se aporta 230 pesos, “aporte que se va actualizando como lo prevé la Ley según un índice trimestral. También se modificó por un decreto, porque el INDEC también cambia los índices”.
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