Uno de los abogados que representa a las querellas, Armando Agüero, dijo que se ratificó la prisión preventiva de los detenidos en 25 de Mayo porque “hay elementos de convicción” que sostienen la acusación. “Esperamos que el año próximo podamos hacer el debate”, señaló.
“Se va ir conociendo la verdad poco a poco”, afirmó el abogado Armando Agüero, representante de la querella de los padres de 25 niños que denunciaron abusos sexuales en el jardín de 25 de Mayo, consultado sobre el pedido de elevación a juicio que hicieron los fiscales esta semana, para seis casos. Los fiscales Juan Bautista Méndez y Jorge Marcelo Amado pidieron el último miércoles la elevación a juicio de los cuatro acusados por abusos sexuales en el jardín. Consideraron que está cerrada la investigación en torno a seis niños (cinco abuso sexual gravemente ultrajante y uno más agravado por daño a la salud mental de un menor) y pidieron desdoblar la causa en un segundo expediente, por 31 denuncias más, que serían ventiladas en un segundo juicio oral.
Los fiscales hicieron este pedido durante una audiencia en los tribunales de Acha ante el juez de Control, Héctor Freigedo. El magistrado, por otra parte, rechazó un pedido de sobreseimiento formulado por el abogado defensor de tres de los imputados, Omar Gebruers. Durante el trámite judicial, además, el juez dispuso tres indagatorias para el principal acusado y las dos maestras por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. “En mi caso -le adelantó Agüero a El Diario- siendo esa la acusación, presentaría una acusación autónoma por corrupción de menores respecto de este último caso en tanto existe una alteración del normal desarrollo sexual del menor. También por que fue sometido a actos sexuales perversos y prematuros que constituyen sin duda una corrupción de menores”.
El abogado sostuvo que la ratificación de la prisión preventiva de los acusados “estuvo básicamente fundada en los elementos de convicción que existen, respecto de la existencia y autoría del hecho, en relación a los imputados y a los seis menores que primeramente van a llegar a juicio. En relación a los cinco niños que represento, estos menores, son niños que tienen lesiones físicas en ano, compatibles con abuso sexual grave. Asimismo, en todos ellos es compatible el relato de los padres y familiares respecto de los comportamientos de ellos durante el transcurso de la permanencia en el jardín”.
Según Agüero, las pruebas reunidas en cada caso fueron las siguientes:
* niño 1: la pericia siquiátrica de la corte indica trastorno stress post traumático, no habiendo indicios de fabulación, con indicadores de trauma infantil más indicadores de abuso sexual infantil. Teniendo además informes de profesionales particulares que indican la existencia de un vínculo entre el hecho denunciado y los indicadores de abuso sexual infantil.
* niño 2: además de las lesiones físicas presentes, según el perito de la Corte Suprema, síndrome de abuso sexual infantil y síndrome de acomodación.
* niño 3: tiene, según la pericia de la Corte, trastorno de atención y comportamiento perturbador y como medio defensivo presenta trastorno disociativo y amnesia disociativa con trauma sexual.
* niño 4: presenta para la pericia de la Corte una naturalización de experiencias sexuales traumáticas, trastorno disociativo y amnesia disociativa.
* niño 5: indica el Siquiatra Infanto Juvenil de la Corte que presenta disbulia o comportamiento desacorde a su edad, género y medio socio cultural, indicadores relacionados con el hecho investigado que denota stress post traumático agudo. Daño sicológico psíquico con incapacidad irreversible asociada al hecho investigado e indicadores de abuso sexual infantil, con conocimiento sexuales inapropiados, indicios de actividad sexual, e indicadores de Síndrome de Acomodación. “Por este último voy a requerir la acusación autónoma de corrupción de menores”, reafirmó el aboado.
El abogado querellante recordó que “todos estos niños tienen en común que concurrían al mismo Jardín donde sucedieron los hechos, siendo irreal que hubieran sido abusados intrafamiliarmente y que los perpetradores se hubieran puesto de acuerdo para denunciar los docentes como pretende hacerse creer desde la defensa”.
El letrado indicó que a partir del pedido de elevación a juicio presentado por los fiscales las partes cuentan con seis días hábiles para formular su adhesión u oponerse, para que una vez vencido ese plazo el juez de Control, Héctor Freigedo, disponga el auto de apertura y elevación a Juicio. “Esperamos que el año próximo podamos hacer el debate”, expresó.
Cabe recordar que en la causa hay cuatro personas detenidas. El caso explotó en mayo, cuando los padres comenzaron a denunciar abusos en el jardín de infantes de 25 de Mayo. Desde un primer momento, quedó detenido como principal imputado el profesor Marcelo Tatavitto, un docente que cumplía tareas administrativas en el mismo edificio en el cual funciona el jardín. También fueron detenidas las dos docentes de la salita, María José Tello y Gabriela Bastías, por su presunta complicidad. Ambas cumplen arrestos domiciliarios en Santa Rosa. Con el avance de las pesquisas, se sumó una cuarta detención: la de Oscar López, que primero había sido separado de su cargo de director de un secundario -se sospecha que intentó borrar pruebas- y luego quedó imputado también porque fue mencionado por algunos de los niños en las declaraciones en Cámara Gesell. Cumple prisión preventiva con arresto domiciliario por una discapacidad en una de sus piernas, asistido por los abogados Juan Veneri y César Rodríguez.
El abogado defensor considera que la acusación es parte de una venganza política instrumentada por partidarios del exintendente David Bravo. Si bien no ha podido demostrar evidencias que sustenten esa teoría y los motivos que habría para tomar como blanco a las personas sospechadas, los primeros días de noviembre se confirmaron los resultados negativos de las pruebas genéticas que se practicaron sobre toallas y ropa de cama secuestradas en la quinta del principal acusado.
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