Además, exigieron “una actitud concreta y no declamada de las autoridades de la Iglesia, encarando el tema con responsabilidad, seriedad y cumpliendo las leyes terrenales…y las propias”.
El comunicado de prensa emitido por el grupo de profesionales latinoamericanos, cuenta que tomaron “conocimiento, con asombro pero no con sorpresa, de los abusos sexuales infantiles producidos en el Instituto Católico Próvolo de Luján de Cuyo, Mendoza, responsable de la atención y educación de niñas y niños hipoacúsicos”. “Dos curas y un empleado es lo que se sabe, hasta ahora, sobre la identidad de los perpetradores”, agregaron.
“En este momento comienzan a llegar más revelaciones de otras zonas del país, entre ellas La Plata”, acotaron y recordaron: “Los Institutos Próvolo tienen historia en el tema. Desde la década del 50 se registran hechos que implicarían a más de cien curas y cientos de víctimas, especialmente en Verona (Italia) que, al descubrirse, fueron redistribuidos en otras sedes o resultaron prófugos. Uno de ellos de más de 80 años, es ahora uno de los apresados en Mendoza”.
En la misma línea, expresaron que “causa espanto el encubrimiento realizado por las autoridades eclesiásticas, no solo transgrediendo así toda ley cívica y moral sino permitiendo el aprovechamiento de la situación de minusvalía en la que colocaban a niños y niñas cuya discapacidad no les permitía o les dificultaba al extremo -de no ser educados- la comunicación. Es posible suponer que eran obligados a quedar en esa situación de aislamiento para aumentar su estado de vulnerabilidad. Sabemos que a mayor vulnerabilidad, mayor impunidad. Es aún peor, si cabe, pensarlo como un plan llevado a cabo en varias sedes de la red de Institutos Próvolo, a lo largo de décadas”.
Por lo expuesto, exigieron “la formación y designación de intérpretes de la lengua de señas en todos los estamentos del Estado”.
“La Iglesia Católica sigue diciendo que se arrepiente… de estos sucesos. Los Próvolo no tienen la exclusiva en el tema. No vemos hasta ahora grandes movimientos, no solo que permitan llevar a estos delincuentes sexuales a la cárcel -que según sus representantes no es su función hacerlo- si no tampoco que se los prive de sus derechos sacerdotales. Baste el ejemplo del cura (Julio César) Grassi por estos lares, más de diez años para lograr su encarcelamiento y aun pudiendo oficiar misa”, recordaron.
Asimismo, destacaron “el trabajo que lleva a cabo la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, a quienes acompañamos en su denuncia permanente que los llevó, entre otros logros, a exponer en organismos internacionales la situación de múltiples víctimas y a encarar el tema como un fenómeno social cualificado y no como hechos aislados. La Red, ya estaba siguiendo los pasos del cura (Nicolás) Corradi, preso ahora y lo había rastreado hasta sus actividades abusivas en Italia en las décadas del ‘50 y el ‘80”.
Por esto, el grupo de profesionales latinoamericanos expresó:
* Nuestra total solidaridad con las víctimas del Próvolo de Mendoza y las que sigan apareciendo.
* Nuestra exigencia de una actitud concreta y no declamada de las autoridades de la Iglesia encarando el tema con responsabilidad, seriedad y cumpliendo las leyes terrenales…y las propias.
* Seguimos subvencionando institutos y escuelas católicas sin que el estado ejerza el control correspondiente.
* Sin separación Iglesia/Estado no se cumple la laicidad establecida en nuestra constitución: ésta es parte de sus consecuencias”.
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