Informe: más de 38 mil llamadas a la Línea 102

 La Línea 102 es un dispositivo de atención especializado en la escucha, contención y orientación para la promoción, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El informe señala que se recibieron 38.619 llamadas a las líneas 102 entre enero y septiembre de 2020. La sistematización nacional fue realizada por la Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional de la SENAF, a partir de los datos aportados por las 17 jurisdicciones en las que funcionaba la línea durante ese período.

Durante los meses de abril, mayo y agosto se observó un alza considerable de las consultas, coincidiendo con los períodos en los que se dictaron las medidas más estrictas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), dispuesto por la pandemia por el COVID-19.

El principal motivo de consulta tuvo que ver con distintas situaciones de violencia, como maltrato físico, ser testigos de violencia intrafamiliar, negligencia, abandono, abuso sexual infantil o maltrato psicológico o emocional, entre otras circunstancias de violencia.

“La convivencia en espacios reducidos y cerrados en situaciones desfavorables tanto económicas, sociales y laborales, han generado o agravado las situaciones de violencias a niñas, niños y adolescentes”, señala el informe. En este contexto, la comunicación con las líneas posibilitó una entrada fundamental, y en ocasiones la única, al Sistema de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El objetivo de este material es aportar información cualitativa y cuantitativa del Programa Línea 102, posibilitando contar con insumos para mejorar el análisis, el diseño y la planificación de políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes de todo el país.

Detenido un argentino por distribuir 20.000 archivos de pornografía infantil

 

La Policía Federal Argentina detuvo este miércoles en la provincia de Buenos Aires a un hombre de 47 años que supuestamente distribuyó 20.000 archivos cuyo contenido eran abusos sexuales a niños y niñas entre 4 y 10 años, informaron fuentes oficiales.

En un comunicado, indicaron que se le acusa de distribución de material de abuso sexual infantil agravado en los partidos bonaerenses de Tigre y La Matanza, así como en varios países de América y Europa.

La investigación que realizó la Policía Federal Argentina surgió tras una denuncia del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos.

En esa denuncia se informaba de que un usuario de Google localizado en Argentina había distribuido los archivos.

A partir de esa pista, las fuerzas de seguridad argentina realizaron pesquisas que permitieron establecer el origen de las conexiones IP de los ordenadores para llegar al domicilio del detenido, que estaba en la localidad bonaerense de Benavídez.

Desde esa ubicación se distribuyó contenido pornográfico infantil hacia Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Ucrania y Rusia.

Unidades policiales especializadas en delitos contra menores de República Checa, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Ucrania, Costa Rica, Hungría, Rusia y Canadá habían denunciado cerca de 70 de los archivos que salieron desde las direcciones IP relacionadas con el acusado.

En esos alrededor de 70 archivos, las autoridades policiales identificaron a 23 víctimas y 22 agresores, algo que llevó al inicio de nuevas investigaciones en los países en cuestión.

La investigación en Argentina estuvo a cargo de la División Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal.

Durante los registros policiales tras detener al acusado, la policía requisó un ordenador portátil, un ordenador de sobremesa, seis teléfonos móviles y diversa documentación de "importancia" para la causa, según las fuentes. EFE

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Capacitan a docentes sobre Abuso Sexual Infantil y redacción del Informe de Sospecha

Capacitan a docentes sobre Abuso Sexual Infantil y redacción del Informe de Sospecha

Con el aval del Consejo General de Educación de la provincia se desarrollará hoy la primera de las dos instancias de capacitación a docentes y directivos de establecimientos educativos, organizadas por la Coordinación de políticas transversales y la Coordinación pedagógica departamental de Educación Sexual Integral -ESI-.

Silvina Esnaola

Las exposiciones estarán a cargo de los defensores públicos de la jurisdicción de Gualeguaychú, Ricardo Golly y Martín Clapier, quienes se referirán al Protocolo interinstitucional de actuación en casos de abuso sexual infantil y cómo realizar un informe de sospecha, documento que redactan los docentes y directivos ante una sospecha de abuso para presentar a la Defensoría.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de convenciones -Estrada 1080- en la mañana de este miércoles, de 9 a 12.

EL ARGENTINO consultó a las coordinadoras Alejandra Fripp Lozano y Florencia Silio, quienes informaron que la capacitación está destinada a docentes de todos los niveles y modalidades.

“La idea es que los defensores hablen del Protocolo de Abuso sexual infantil y la elaboración de informe de sospecha”, dijeron, para agregar que la charla de hoy será para docentes de nivel inicial, primario y modalidad especial, en tanto el lunes 30, en el mismo lugar y con idéntico horario, será la correspondiente a docentes de nivel secundario y modalidad adultos.

“Serán charlas para dar herramientas a los docentes, en busca del bienestar para todos”, dijeron, al tiempo que señalaron que invitaron a dos referentes por establecimiento, con especial interés en que uno de ellos sea un directivo.

En la convocatoria hecha, Fripp Lozano y Silio señalan “Es nuestro deber, como agentes del Estado, saber qué y cómo activar el Protocolo ante vulneraciones de derechos de la magnitud como lo es el Abuso Sexual Infantil” y adelantan el temario a desarrollar por los disertantes: Abuso. Tipos de abusos. Protocolo Interjurisdiccional de Abuso Sexual Infantil. Elaboración del informe de sospecha. Conformación de redes de apoyo. Confidencialidad. Funciones de los defensores de menores.

“El objetivo primor

Se quintuplicó la atención por casos de abuso sexual en el Hospital de niños de Resistencia

Médicos del Servicio de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia (Sainnav) del hospital Pediátrico de Resistencia alertaron que entre 2014 y 2018 aumentaron en un 500 por ciento los casos de atención por violencia y abuso sexual infantil.

La médica responsable de ese servicio, Paola Benítez, afirmó a Télam que "en 2014 fueron atendidos 115 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes y 73 de éstos fueron de abuso sexual", mientras que en 2018 "se quintuplicaron hasta alcanzar a 427 y 350 episodios, respectivamente".

Benítez agregó, además, que "en los primeros siete meses de este año se atendieron 196 casos de abuso sexual", y destacó que el relevamiento demuestra que "el 80% de los casos de abuso sexual infantil son intrafamiliares".

En los casos de abuso sexual atendidos en el hospital, "hubo niños y niñas desde 1 año de edad hasta adolescentes de 13, de ambos sexos", agregó.

Para Benítez, "esto muestra la necesidad de políticas públicas de prevención" que "seguramente no nos va a dar un resultado inmediato, y por eso necesitamos actuar y formar una red para sostener a los niños".

Se registraron 1.411 situaciones de abuso infantil en Mendoza

Durante el 2018, se trabajaron en 1.411 situaciones de abuso infantil con niños, niñas y adolescentes de Mendoza. En comparación con el año anterior, se registraron 137 casos menos.

La información se desprende del informe del Programa Provincial de Maltrato Infantil presentado este viernes por la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Elizabeth Crescitelli, quien destacó la labor realizada con respecto a este programa.

En ese sentido resaltó además que Mendoza es la "única provincia en el país donde existe este programa. Abordamos la problemática a través de la línea directa de denuncias, el 102, y lo que significa el terrible flagelo de lo que es el abuso sexual infantil, no sólo eso sino el maltrato físico, psicológico y demás".

Durante el 2018, fueron 1.411 situaciones de abuso infantil registradas, contra las 1.548 del 2017. Lo que implica una reducción en 1.7 puntos, según detalló Silvina Mollo,  responsable del Programa Provincial de Maltrato Infantil.


El informe fue presentado este viernes por la ministra Crescitelli.

“Lo importante es que hemos podido llegar a tiempo, antes de que sucedan las situaciones de abuso y poder trabajar cada situación con todas las áreas involucradas a la niñez y adolescencia”, destacó y agregó que se trabaja en la promoción y prevención a fin de evitar los casos de abusos.

Del total de las situaciones atendidas durante el año pasado, 34% correspondió a maltrato físico, 36% a maltrato emocional y 21% a abuso sexual infantil.

Con respecto a dónde se registra la mayor cantidad de abusos, la referente del Programa de Maltrato Infantil destacó que la mayoría se da "dentro del núcleo familiar con personas que tienen un vínculo o un acceso más fácil al niño, niña o adolescente. Al ser dentro del núcleo familiar, hace más difícil que el niño pueda hablar".

Por su parte, el subsecretario de Salud Oscar Sagás, hizo referencia a la forma de trabajo y sostuvo que actualmente son 35 los equipos involucrados en la temática, "de esta manera la red está organizada. Esto nos permite contar con indicadores claros para poder planificar hacia adelante”.

“Además contamos con el 102 que  es una línea muy importante, profesionalizada con equipos de salud mental, y la gente se fue animando a hacer las denuncias correspondientes. Además se debe destacar que esta línea atiende los 365 días del año las 24 horas”, resaltó Sagás.

Grooming Argentina advierte una nueva figura de abuso sexual: el pederasta digital

Una nueva figura se sumó al vocabulario de las problemáticas de grooming con el fin de encender luz de alerta sobre un (casi) inadvertido delincuente sexual: el pederasta digital. La definición fue proporcionada por la ONG Grooming Argentina, que viene trabajando en la temática a través de la promoción de estrategias de prevención, y en los últimos días presentaron un informe sobre los diferentes perfiles groomers detectados en el mundo virtual.

“Si bien encuadrábamos discursivamente el perfil de los groomers, con elementos para decir que una persona adulta abusaba sexualmente en tiempo real a través de las plataformas tecnológicas, a raíz de un último informe llegamos a la conclusión de una nueva figura que tiene que ver con el pederasta digital. Con esto queremos romper con el concepto de grooming entendido únicamente como el momento de captación. Queremos que se entienda que, en cualquier red social, una persona adulta que ejecuta esta modalidad de abuso psíquico hacia un niño, niña o adolescente en definitiva está cometiendo un delito”, explicó a El Litoral Hernán Navarro presidente y fundador de la ONG Grooming Argentina.

Este tipo de delito es complejo, dado que se da en un espacio tan amplio como es la internet, la cual es responsable del 95% del material de Abuso Sexual Infantil (ASI) por muchos años mal llamado pornografía infantil. “Estamos frente a una auténtica pandemia, su consumo está extendido a todo el mundo, no es un delito nuevo pero internet revolucionó el mundo del material de ASI, facilitando el proceso de descarga brindando acceso anónimo sin restricciones y reduciendo costos”, advierten desde la ONG.

Para llegar a esas conclusiones, Grooming Argentina desde hace un año que viene trabajando en la detección precoz de casos como así también en la prevención a través de la concientización del uso de las redes sociales. Además, para arrojar luz en algunas cuestiones la ONG realizó un trabajo de investigación de los casos ocurridos en el país para elaborar un informe estadístico, con datos cuantitativos y cualitativos.

Informe

En lo que respecta a datos concretos, puntualmente de un total de 60 expedientes analizados en el último año, detectaron que WhatsApp es la red social más utilizada por los groomers para realizar el contacto con los niños, niñas o adolescentes. Concretamente el 34, 9% utilizó WhatsApp, un 28.9% Instagram, un 26.6% Facebook y un 9.6% los chats de juegos on line.

También se pudo corroborar que en un 65% de los casos de grooming, el acosador exigió el envío de fotografías con representaciones de partes genitales y/o actos sexuales.

“Dentro de la multiplicidad de víctimas a las que acosan y abusan en forma simultánea, más del 30% de ellas serán conocidas de la víctima originaria. Lo que quiere decir que el pederasta digital o groomer irá también tras su entorno más cercano: amigas, compañeras de colegio, agenda de WhatsApp o aplicaciones. Por lo que se debe alertar (siempre en forma privada) y proteger también al entorno de la víctima originaria o denunciante”, señalan en el informe.

Prevención

En el informe, la experta en criminología y criminalística Vanesa García Carbone, detalló: “Es fundamental para realizar la geolocalización de un groomer en la red, analizar los patrones de movimiento espacios temporales para poder aplicar medidas de prevención, reducir los índices de criminalidad y evaluar posibles futuras políticas públicas de seguridad”. Con el objetivo de prevenir este tipo de abuso, señalan además una ruta para dar protección a los niños, niñas o adolescentes.  

“Debemos emplear ‘anillos de contención y seguridad’. El primer anillo de contención con el que cuentan los niños para lograr esto es el entorno más cercano, aquella persona de confianza dentro de su núcleo familiar; el segundo está conformado por conocidos, amigos y diferentes equipos interdisciplinarios que rondan la vida del niño (maestros, psicólogos, profesores, ONG) se debe crear una red segura completa de contención, formar, educar y dar seguimiento permanente a ambos anillos. Con ello obtendremos resultados positivos de prevención en materia de pederastia digital, identificando e interviniendo para lograr reducir los posibles casos y evitar que este tipo de delincuentes sexuales puedan seguir consiguiendo trabajo cerca de los niños”, sintetizó Vanesa García Carbone.

Argentina. El niño no miente

Condenaron a una mujer y a su pareja por abusar del hijo de ella en Puerto Pirámides. La Fiscalía, que había pedido el sobreseimiento, no participó del juicio. Por qué la querella habla de prostitución infantil, por qué hay políticos mencionados y por qué la Fiscalía podría ser denunciada ante el Consejo de la Magistratura. El caso que divide a un pueblo.

Una mujer y su pareja fueron condenados a 16 y 14 años respectivamente por abusar sexualmente del hijo de ella. La Justicia determinó que los hechos sucedieron en la casa familiar de Puerto Pirámides, Chubut, desde los cinco a los nueve años del menor. Pero, según el niño, no fue lo único que sucedió: en cámara Gesell señaló como abusadores a 28 personas, entre ellas, a funcionarios municipales y a un actual diputado provincial.

El juicio contra la maestra jardinera Bárbara de Cristófano y el ex concejal Julián Morón se llevó a cabo sólo con la acusación de la querella, porque la fiscal actuante pidió el sobreseimiento. Esa misma Fiscalía fue la que archivó la denuncia por abuso sexual infantil (ASI) contra el resto de los mencionados.

El caso divide a Puerto Pirámides, pero también a organizaciones sociales, a gremios de estatales y a partidos políticos. Si bien la mayoría prefirió no expresarse públicamente sobre el tema, quienes sí lo hicieron tomaron dos posturas antagónicas: al niño hay que creerle versus el niño miente.

Con el caso en instancia de apelación, ¿qué pasa ahora con la Fiscalía de Madryn? ¿Y con la segunda denuncia? ¿Qué pasa cuando todos hablan de política y el niño de abuso?

El niño habló

Era de noche en la pequeña Puerto Pirámides, ese paraíso de mar y campo en la provincia de Chubut. El padre y su pareja tenían que tomar una decisión. Hacía unas pocas semanas habían denunciado el abuso intrafamiliar, pero lo que les había contado el niño esa tarde era aún peor: además de su mamá y su padrastro, mencionaba como abusadores a una veintena de hombres. Se lo dijo primero a la pareja del padre, que anotó todo en una planilla de Excell. Entre nombres, apellidos y apodos, señaló a vecinos de poder tanto en la villa turística como en el gobierno provincial.

Todos vivían en el mismo pueblo, una pequeña comunidad de unos 600 habitantes a 100 km de Madryn. El niño era alumno de la escuela primaria local, su mamá trabajaba como maestra jardinera, la pareja del padre era docente en el colegio secundario y el padrastro había sido concejal hasta 2015. Imposible no cruzarse. Imposible no cruzar a las otras personas mencionadas por el niño.

Los vómitos, el pis en la cama, las pesadillas, los miedos del pequeño. También los aprietes en la ruta y las llantas cortadas. Para el padre y su pareja todo cobraba otro sentido. Esa misma noche armaron los bolsos y se fueron de Puerto Pirámides. Era noviembre de 2016 y tenían más de dos años de infierno por delante.

Primeras dudas sobre la Fiscalía

“No es necesario que gasten plata en un abogado porque con la Fiscalía alcanza”, recuerda el padre que le aconsejaron en la oficina judicial. En el sistema chubutense quien investiga es el Ministerio Público Fiscal, no el juez. La dependencia de Puerto Madryn, a cargo del fiscal general Daniel Báez, fue la que recibió la denuncia y activó el protocolo de actuación para casos de ASI. En el Hospital Andrés Ísola de esa ciudad se examinó al niño y se comprobaron lesiones compatibles con abuso sexual.

La confianza en la Fiscalía no duró mucho. Las dudas se empezaron a cristalizar con el primer testimonio en cámara Gesell. “A los 14 minutos, Angélica Cárcano, la fiscal, corta la cámara Gesell, porque el nene ya empezaba a contar de una tercera persona, alegando que se iban a vulnerar los derechos de defensa de las personas que mencionen. Como que se nos iba a caer el caso. Al principio pensaba que nos estaban cuidando, hoy me doy cuenta qué es lo que estaban haciendo”, detalla a Cítrica el padre del niño. El testimonio recién se completaría ocho meses después.

Luego de la primera Gesell, la perito oficial y psicóloga, Mariana Pastor, entregó un informe psicodiagnóstico del que también había participado la psicóloga de la defensa, Silvia Sarubinsky. Según fuentes de la causa, el procedimiento tuvo cuatro encuentros con el niño y no se hizo en sede judicial. Entre otras conclusiones, Pastor afirmó que el relato era “increíble”. También señaló la presencia de “indicadores emocionales, que dan cuenta de conflictiva que no ha logrado tramitar”, aunque explicó no haber podido establecer una relación entre los indicadores y un abuso sexual. Sí se inclinó a identificarlos como resultado de una disputa entre los padres biológicos. Este informe se convirtió en el principal argumento utilizado por Fabián Gabalachis, abogado de la defensa, para pedir el sobreseimiento.

Una frase de la fiscal María Alejandra Hernández, también de Madryn, profundizó la desconfianza de la querella. “Tu error es haber escuchado al nene y tomar nota”, le dijo a la pareja del padre en los pasillos de Tribunales.

Por recomendación de la abogada de Familia que hasta entonces lo asesoraba, el padre decidió constituir la querella “para acompañar el proceso”. Convocó, entonces, a los abogados Alfredo Pérez Galimberti -ex defensor general de Chubut- y Federico Ruffa, que presentaron los abusos intrafamiliares separados del resto. El objetivo era evitar que la causa se diluyera. “Si no accionábamos así tal vez ni siquiera hubiéramos llegado al juicio”, señalaron los abogados. La conformación de la querella resultó clave, también, por otro motivo: la fiscal María Angélica Cárcano decidió no acusar y pedir el sobreseimiento de los imputados.

La jueza Eizmendi, en tanto, extendió el periodo de investigación. Se realizó así una pericia grafológica, la segunda cámara Gesell y otro psicodiagnóstico, el último firmado por la perito oficial Elsa Sánchez. En el informe detalló que el menor fue “víctima, en etapa temprana, de hechos psicotraumáticos – de características sexuales, lo que ha afectado un normal funcionamiento y evolución del mismo”.

Con la voz del niño como estandarte, se elevó la causa a juicio oral. Para la jueza pesó más el testimonio del niño víctima de abuso que la ausencia de la Fiscalía para defender sus derechos. La maestra jardinera y el exconcejal iban camino a la condena.

Quién miente

Al momento de la investigación, Morón ya no era concejal de Puerto Pirámides. De Cristófano, en tanto, había sido separada temporalmente de su cargo como maestra jardinera. En ese marco, la mujer fue acogida en el municipio de Puerto Pirámides, a cargo de Javier Roldán. Los unía la amistad, pero también la política: Morón había sido electo concejal en el periodo anterior por el mismo partido, Chubut Somos Todos (Chusoto).

En paralelo, la estrategia judicial pasaba por construir la imagen de un pequeño manipulado por el padre para atacar a su ex mujer. “El niño miente”, repitieron durante el proceso familiares y amigos de los acusados. Se trajo así a la mesa un concepto muy cuestionado por profesionales de la psicología y por organizaciones de protección a la niñez: el Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Según datos de Unicef y el Ministerio de Justicia de la Nación, el 80 por ciento de las víctimas de abuso sexual son niñas, el 95 por ciento de los abusadores son varones y la mayoría son familiares que viven en el mismo hogar. En un contexto de patriarcado que no es sólo nacional, el SAP es generalmente utilizado por la defensa de los abusadores para acusar a la mujer de instrumentalizar a los hijos en contra del padre. Sin embargo, ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA por sus siglas en inglés) lo reconocen. Como se puede leer en el documento del último 8M, la lucha contra el SAP es también parte de las consignas del movimiento feminista.

Consultada sobre el tema, la psicóloga y fundadora de la Asociación Abuso Sexual Infantil No, Mónica Creus Uretta, habló sobre el caso Pirámides y explicó que el SAP no es real. “Habría que citarlo entre comillas: el síndrome no existe, porque la enfermedad no existe. Fue creada por un psicópata en Estados Unidos para defender acusaciones contra abusadores sexuales infantiles”, afirmó en una entrevista con Radio Escuela Namunkurá. “En temas de abuso sexual cuesta mucho desde el entorno aceptar que se cometen estos delitos; todos piensan ‘es una infamia, ¿cómo puede ser?’. Entonces el recurso es ‘los chicos mienten’, a pesar del coraje de la víctima en hablar”, señaló Uretta.

Con el incondicional apoyo de un grupo de vecinos y vecinas, de miembros de la comunidad mapuche tehuelche, de las redes Madres Víctimas de Trata, Infancias Robadas y ASÍ No, el argumento del SAP no alcanzó. Aún con el apoyo del oficialismo local, la madre y el padrastro fueron condenados, y los cuestionamientos contra la Fiscalía tomaron más fuerza.

La Fiscalía, en la mira

El procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, reconoció que le “llamó la atención” el fallo. Sin embargo, en declaraciones a Radio Chubut señaló que los fiscales no son “denunciadores seriales” y que, en caso de no tener elementos de convicción y de creer que van a “un callejón sin salida”, no llevan la causa a juicio.

Con o sin esa justificación, la desconfianza de la querella se hizo más fuerte después del fallo. “Si el nene no hablaba me lo mataban”, afirmó la abuela una vez terminado el juicio.

Para el padre, la Fiscalía archivó la segunda denuncia, porque “no quieren que avance ninguna causa de prostitución o trata”. Según explicó, por ese mismo motivo nunca fueron secuestrados los teléfonos celulares de los condenados durante el primer proceso.

Según las organizaciones especializadas en la defensa de la niñez, también es necesario rever el accionar de la fiscal. “Como representación legal de Madres Víctimas de Trata, nos presentaremos en el caso Puerto Pirámides, porque consideramos de gravedad extrema la no trascendencia jurídica que se le dio a la declaración del niño en cámara Gesell con la denuncia que ha realizado. Evaluaremos qué tipo de presentación corresponde en este caso”, confirmó a Cítrica Marcela Cano, la abogada de la asociación. Una posibilidad sería una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. En los próximos días estarían viajando a Chubut.

Cómo sigue

Tras el fallo, la defensa apeló. De no resolverse en esa instancia, el caso pasaría al Superior Tribunal de Justicia de la provincia y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobre la segunda denuncia hay más incertidumbre. Según el sistema judicial chubutense, quienes deben iniciar las investigaciones no son los jueces, sino los fiscales. En otras palabras, la misma Fiscalía que archivó la segunda denuncia debería ser la encargada de volver a abrirla. Según la querella, el contexto político que envuelve a este caso lo haría poco probable.

Otra opción, sobre la cual no existe jurisprudencia, es que un juez tome la denuncia sin intervención de la Fiscalía. Así, la responsabilidad de la acusación recaería sólo sobre la espalda de la querella, una tarea extremadamente compleja con una denuncia que menciona a 28 personas, entre ellas a ex funcionarios y políticos en actual función.

La Fiscalía es el Estado y sin el compromiso del Estado es muy difícil que pueda esclarecerse un caso de prostitución infantil. La clave, otra vez, será escuchar al niño. Un niño que ya habló y que corre el riesgo de ser revictimizado.