viernes, 29 de mayo de 2015

El abuso sexual ;atravesó los muros y rompió el cerco.




Niños abusados, denuncias, marchas y polémicos fallos judiciales inundan las pantallas de la televisión y los espacios de los diarios porque el abuso sexual infantil "atravesó los muros de las casas y rompió el cerco", aseguró una psicóloga especialista, mientras que desde AFSCA alertaron que ese cerco que hay que romper "no es el de la privacidad y la integridad del niño sino el del abusador". El tema pasó de ser tabú a hablarse todos los días sin el conocimiento y en forma irresponsable en la mayoría de los programas de TV, según psicólogos y comunicadores consultados por Télam.

El desafío, coincidieron, es revisar cómo tratar los casos de abuso sexual infantil, entre otras formas de violencia que involucran los vínculos intrafamiliares, del entorno, e incluso los femicidios, donde está en juego la dignidad de las víctimas.

"No hay más casos de abuso sexual infantil y de violencia de género. Cambió la percepción porque esa problemática está mucho mas visible que antes", dijo a Télam Irene Intebi, psiquiatra infantojuvenil y licenciada en Psicología.

La especialista informó que "está visible porque los medios han puesto en agenda el tema. Es probable que lo hayan hecho como parte de su negocio, por el morbo al que adhieren quienes consumen información con ese ingrediente", acotó.

Sin embargo, Intebi afirmó que "esa visibilidad también es fruto del trabajo de mucha gente que desde las organizaciones de la sociedad y del mismo Estado han empezado a dar respuestas aunque no sean del todo efectivas".

"Estamos hablando de que una de cada cinco de chicas menores de 18 años es víctima de abuso -en su concepto amplio del término-, mientras que esa proporción se registra en uno de cada ocho varones, también menores de 18", precisó la especialista.

Los medios visibilizan estos hechos "porque el tema vende. Podríamos aprovechar la decisión de ponerlos en agenda para hacer algo mejor con ellos, como colaborar con las víctimas, y evitar que el abuso quede silenciado e impune, que es lo que muchos abusadores pretenden", sostuvo la psiquiatra y psicóloga.

"Hay mucho para hacer con estos temas. El polémico fallo del juez Piombo mostró un desconocimiento que asusta. También muchos periodistas deberían prepararse para hablar de este tipo de conductas y para -sobre todo- saber cómo tratar a las víctimas", enfatizó Intebi.

A una nena de 11 años "no se le puede decir que le arruinaron la vida. Ni siquiera a un adolescente que abusó de un niño más chico se le puede condenar. Esta probado que los menores de 18 agredidos o agresores pueden revertir la problemática con buenos tratamientos", continuó.

"Pasamos del tabú, de no hablar del tema, a hablar sin conocimiento o con ese grado de morbo que no ayuda a entender a la víctima sino a revictimizarla", sostuvo la especialista.

En cuanto a la violencia de género pasa algo similar y es más claro ver cómo los medios han sido vehículos del efecto "copy-cat" o "efecto imitación", como ocurrió posteriormente al caso de Wanda Taddei, que crecieron del 2,6 por ciento al 10 por ciento los casos de femicidios por el fuego, según datos del observatorio de femicidios.

Alicia Ramos, directora de Investigación y Producción de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), calificó de al menos "irresponsables a los medios que confunden el desafío de no silenciar los casos con violar el derecho de los niños a su privacidad y a su integridad", contemplados en la Ley de Protección Integral 26.061.

"El cerco que no hay que cruzar es el de la privacidad, la integridad, y la dignidad de los niños", aclaró Ramos, al explicar que esos derechos tardaron 86 años en ser reconocidos, "cuando el cambio de paradigma que hizo de los chicos sujetos plenos de derechos".

Y aclaró que "son los comunicadores los que tienen que desalentar a una madre que autoriza a su hijo ser testimonio de abuso sexual, a mostrar la fachada de la casa o de la escuela, o cualquier dato que pueda identificar a la víctima ante sus conocidos".

Muchas veces no es necesario caer en esa exposición o dar detalles de un fallo como ocurrió con el polémico juez Piombo o ventilar lo que ocurrió en el marco de una Cámara Gesell, dispositivo muy útil para la Justicia, pero muy dañino tanto para la víctima como para las audiencias infantiles, que escuchan información difícil de procesar en horarios de protección al menor.

Mabel Bianco, titular de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) coincidió en que "las víctimas y sus familias ahora salen a hablar más del tema, algo que antes no hacían; al contrario, eran las familias las que mantenían el cerco de silencio".

"El castigo, la sanción -en cambio- aún no llega como debería llegar; se habla de lo patológico y a la hora de juzgar los hechos la justicia da lugar a muchos justificativos, que se traducen en atenuantes del delito", sostuvo Bianco.

Históricamente, dijo la titular de FEIM, "el abuso sexual infantil es uno de los delitos menos conocidos debido al silencio de las victimas por lo vergonzante ya que se da en la mayor parte de los casos en el ámbito familiar, con parientes próximos o conocidos".

Afecta a varones y mujeres, y hace sentir a las víctimas culpa y vergüenza, describió, y sostuvo que "el silencio que envuelve al abuso se da por la seducción del abusador que le hace creer al abusado que hay un secreto entre ambos, lo que abona una complicidad difícil de romper".

martes, 26 de mayo de 2015

Sal Llargués aseguró que no puede tolera que se lo consideren complaciente hacia el abuso sexual infantil


El juez, uno de los dos camaristas que atenuó la pena a un abusador de un niño por no considerar gravemente ultrajante el delito dada la orientación sexual de la víctima, hizo su descargo a través de un comunicado.
En tanto, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) presentará mañana otro pedido de juicio político.


"Quienes me conocen saben que no merezco los graves calificativos que me han asignado, más allá de la interpretación o valoración que puedan hacer de un fallo en particular"

"Quienes me conocen saben que no merezco los graves calificativos que me han asignado, más allá de la interpretación o valoración que puedan hacer de un fallo en particular", dijo el juez en su descargo a través de un comunicado.

Precisó además que "después de más de cuarenta años de ejercicio profesional, no pienso ni suscribiría las graves afirmaciones que han circulado por los medios de comunicación en su interpretación del fallo" .

Sal Largués y el juez Horacio Piombo firmaron un polémico fallo que atenuóa tres años la pena a una persona que abuso sexualmente de un niño de seis años con el argumento de que no podía considerar ese delito como "gravemente ultrajante" dada la orientación sexual de la víctima.

A raiz del fallo Sal Larguéns fue excluido del Consejo de la Magistratura provincial, y junto al magistrado Horacio Piombo fueron removidos de las cátedras que dictaban en las Universidades de La Plata y Mar del Plata.

A la par, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires solicitó que se inicie un Juicio Político para destituir a ambos magistrados y el mismo pedido fue efectuado por la organización "100% diversidad y derecho", mientras que mañana la Falgbt presentará un recurso similar.

Sal Largués detalló en un extenso escrito que el fallo de primera instancia "consideró más grave el delito, e decir gravemente ultrajante, por provenir de una persona del mismo sexo".

Añadió que "se ha criticado grandemente que el fallo de Casación haya aludido a la orientación sexual de un niño de esa edad pero el tema fue traído por la sentencia original que es sobre la que trabaja la Casación".

Explicó que lo que afirma su fallo "es que en el contexto descripto, el abuso no podía considerarse ´gravemente ultrajante´, es decir más grave, por el hecho de que autor y víctima sean del mismo sexo, dato muy diferente a considerar que sea más leve por la orientación sexual de la víctima".

Según Sal Llargués, "eso no le quita gravedad a la conducta del imputado, pero impide mantener la agravante, al menos tal como había sido fundada en el fallo de primera instancia. Sí condenar por abuso sexual".

La Falgbt, además de presentar mañana un pedido de juicio político, lanzará "una iniciativa para sumar adhesiones ciudadanas a la presentación, que tiene por objeto la destitución de ambos camaristas".

Sal Largués y Piombo, en su fallo, aseguran: "Me afecta al respecto una insondable duda que tiene por base esa familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refiriera. En todo caso y a esa corta edad, transitaba una precoz elección de esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes podían (y debían) auxiliarlo en ese proceso".

El presidente de la Falgbt, Esteban Paulón, destacó que la presentación del pedido de juicio político es para que estos camaristas "no sigan detentando un cargo desde el cual deciden, con criterios totalmente discriminatorios, misóginos y prejuiciosos, sobre la vida, la libertad y la integridad de millones de bonaerenses".

lunes, 25 de mayo de 2015

Cómo actuar si hay abuso.


Cómo actuar si hay abuso

El abuso sexual infantil irrumpió la semana pasada en la escena mediática y política a partir de un insólito fallo que bajaba la condena a un abusador de un niño de seis años por considerar que tenía tendencias homosexuales y porque ya había sido abusado previamente. La condena al actuar de los jueces fue generalizada. Sin embargo, el abuso sexual infantil ocurre a diario y no se habla demasiado de ello. Es un tema difícil, por supuesto, pero no por callarlo deja de estar presente en la vida de muchos chicos y chicas de nuestro país. Para romper con ese silencio, organizaciones sociales desarrollaron una guía con orientación y recursos, que contó con los aportes de una madre cuyas hijas fueron abusadas.
A fines de abril, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas (Aamcj) y Salud Activa presentaron, en la Embajada de Canadá, el documento “Abuso sexual infantil. Guía para orientación y recursos disponibles en CABA y provincia de Bs. As.” (http://www.feim.org.ar/pdf/publicaciones /GuiaASI2015.pdf).
“La guía surgió ante la necesidad de orientar, en base a la experiencia real de una madre que vive el problema, sobre cómo actuar y moverse en el entramado que es el acceso a la Justicia una vez que se denuncia un abuso sexual a un niño”, dijo Mabel Bianco, presidenta de FEIM. Se refirió a Paula Watcher, que sufrió el abuso de sus hijas y un derrotero judicial que aún no termina.
La guía recupera algunos datos estadísticos que dimensionan el problema. Según un estudio de Unicef de 2014, a nivel mundial, una de cada diez niñas fue abusada sexualmente en su infancia. En Argentina, distintas investigaciones arrojan que uno de cada cinco chicos/as fue abusado por un familiar directo antes de los 18 años. Además, de cada diez denuncias de abuso sexual hay una sola condena en la Justicia.
La guía también “aporta datos para estar atenta a los primeros síntomas y pequeños signos, que existen pero que no se piensan porque es muy difícil aceptar que está ocurriendo algo así. Las madres cuyos maridos, a quienes ellas quieren, descubren esto son al principio devastadas. Algo comprensible pero por eso hay que hacerlas pensar que puede ocurrir y estar atentas y luego orientar en cómo actuar. Desde ya es muy difícil. No había ninguna guía como ésta, todas son de profesionales para profesionales. Esta, sin caer en calidad profesional, da un enfoque diferente para ayudar a las madres, las familias y a los chicos, incluso frente a la actuación de profesionales incorrectos”, relató Bianco a Página/12, autora junto a Watcher, Norma Chiapparrone y María Beatriz Müller de la publicación.

–¿Por qué cree que todavía hay fallos como el que atenuó la condena a un abusador?

–El abuso sexual Infantil está muy invisibilizado y se debe a que esta “naturalizado” porque en general ocurre en ámbitos familiares o de gran proximidad con el niño o la niña y en cierta forma es aceptado que estos adultos tengan algún derecho a abusar de los niños. Es como ponerlos en un marco de amor a esos niños o niñas, difícil de entender pero psicológicamente es una forma de justificación.

–¿Por qué, si genera el repudio social, es más común de lo que se cree?

–Porque todos comparten en la intimidad esta “relativa aceptación”, incluso en casos de padres o parientes cercanos el concepto del amor está muy presente, incluso psiquiatras como Garner, quien creó el falso síndrome de alienación parental (SAP), lo plantean como algo “normal” y “saludable” para el niño, insisto, difícil de aceptar pero...

–¿Qué falta cambiar para pasar del repudio a la acción concreta para que esto no suceda más?

–Hay que empezar por visibilizarlo para desnaturalizarlo. Es importante que las víctimas puedan hablar e incluso organizarse y que vayamos sistemáticamente hablando y difundiendo testimonios.

miércoles, 20 de mayo de 2015

Abuso infantil: Universidad pide la expulsión de los jueces docentes Sal Llargués y Piombo



La Plata.- La Federación Universitaria de La Plata (FULP) reclamó que se expulse de esa Universidad a los Jueces Ramón Sal Llargués y Horacio Piombo, que dictan clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas, al entender que luego de reducir la pena de un hombre que abusó sexualmente de un niño de 6 años porque la víctima era homosexual "no tienen nada que enseñar a los alumnos".

"Desde la Federación Universitaria de La Plata hacemos público nuestro completo rechazo y repudio al nuevo fallo de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, emitido por los jueces Benjamín Ramón Sal Llargués, y Horacio Daniel Piombo", se enfatizó en relación a la medida adoptada por los docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de La Plata.

En ese marco, se recordó que recientemente los magistrados resolvieron reducir la pena a un hombre que abusó sexualmente de un niño de 6 años por considerar que la , ser homosexual, ya estaba acostumbrado a vivir y experimentar situaciones de abuso en su casa, lo cual hace que esto no sea una causa con agravante.

"El criterio sostenido en esta sentencia es violatoria de la Convención de Derechos del Niño en particular y, en términos generales, de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que, en nuestro país, tienen jerarquía constitucional desde 1994. Además de ser un fallo claramente con discriminación de clase y heteronormativo, estigmatizante, homofóbico y que legitima delitos aberrantes", consideraron desde la Federación.

A su vez, se recordó que estos dos mismos jueces, ya hicieron un fallo similar en 2011, donde absolvieron a Domingo Francisco Avalos (quien abusó sexualmente de dos niñas) respecto de los delitos de corrupción de menor de edad calificado por intimidación, reduciendo la pena de 18 años a 9 años y 6 meses de prisión y argumentaron que las menores pertenecen a una clase social que acepta las relaciones sexuales a temprana edad y que, además, libremente habrían prestado su consentimiento.

"Esto demuestra además que la criminalización de la pobreza es parte de los argumentos de estos jueces para hacer fallos retrógrados e injustificables", consideraron.

A su vez, se remarcó que "lo más preocupante y alarmante de esta situación, es que estos dos jueces, hoy son docentes de la Universidad Nacional de la Plata, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales".

"Como estudiantes de esta casa de estudios no podemos permitir que personas que toman decisiones como ésta, que expresan sin tapujos sus ideas totalmente retrógradas, reaccionarias y contrarias a los derechos de los sectores populares; que siguen legitimando delitos de abuso sexual y perpetuando la estructura patriarcal del sistema judicial, estén dando clases en nuestra Universidad. Lo rechazamos con contundencia, porque no queremos docentes como estos en una Universidad Pública. No los queremos", enfatizaron. (Télam)

Piden que el abuso infantil sea asunto de interés público.



Desde el espacio de género de la agrupación Colectivo Nacional de Resistencia consideran fundamental que el abuso sexual infantil se convierta en un asunto de interés público y que por las características particulares de este aberrante delito deba avanzarse en la declaración de su imprescriptibilidad.
“Esta es una de áreas en la que venimos trabajando fuertemente por que los invitamos a informarse sobre el pedido de imprescriptibilidad del delito de abuso sexual infantil”, señalan desde el colectivo.
Asimismo, invitan a firmar el petitorio en https://www.change.org/p/c%C3%A1mara-de-diputados-del-chaco-declarar-imprescriptible-el-abuso-sexual-infantil?recruiter=276769421&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_page&utm_term=mob-xs-share_petition-custom_msg o ingresando a nuestro blog generocolectivonacional.blogspot.com.ar.
También adjuntan el documento y planillas para la firma para aquellos que quieran colaborar con la junta de las mismas.

Qué se busca

Desde el Colectivo Nacional, al cual adhiere el Chaco, consideran fundamental que el abuso sexual infantil se convierta en un asunto de interés público y que por las características particulares de este aberrante delito deba avanzarse en la declaración de su imprescriptibilidad.
La ratificación e incorporación a la Constitución Nacional en su artículo 75 inc. 22, por parte de la República Argentina de diversos instrumentos internacionales en Derechos Humanos, en particular, la Convención sobre los Derechos del Niño y los avances legislativos producidos a nivel nacional en materia de infancia y adolescencia, han generado la necesidad de adoptar políticas tendientes a satisfacer y hacer efectivos los derechos y garantías allí reconocidos.
En los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual, sus declaraciones constituyen una prueba fundamental para la investigación judicial debido a que, en su gran mayoría, estos hechos se producen en ámbitos privados donde suelen ser escasos los medios de prueba disponibles.
Así, resulta urgente la aplicación de medidas tendientes a garantizar efectivamente el acceso a la justicia como así también evitar la revictimización provocada por las múltiples declaraciones que deben prestar durante el proceso judicial, sin que se vean reducidas las posibilidades de resolución de los casos y aplicación de una sanción penal.
Opiniones

Virginia Berlinerblau, psiquiatra infanto juvenil, médica legista y médica forense de la Justicia Nacional, en su artículo “Niños víctimas, niños testigos: sus testimonios en alegatos de abuso sexual infantil. Competencia, credibilidad, particularidades y necesidades especiales del niño testigo. Videograbación de las entrevistas de declaración testimonial”, sostiene que “el abuso sexual infantil puede definirse básicamente como la utilización del niño o adolescente para la gratificación sexual del adulto. Incluye la manipulación de los genitales del niño, el coito o su intento, el incesto, la violación, el exhibicionismo, el sexo oral, la exposición a material pornográfico y explotación sexual comercial a través de la prostitución y la producción de materiales pornográficos.”
En ese sentido, muchos especialistas en la problemática han coincidido en que este delito es una de las peores formas de maltrato equiparable a la tortura y con el mayor subregistro estadístico, debido al silencio e impunidad que caracteriza estos casos.
A su vez, siguiendo a Berlinerblau, al describir algunas características del abuso sexual infantil, plantea que el agresor casi nunca recurre inicialmente a la violencia física, sino que valiéndose de su autoridad, capacidad de persuasión y engaño; sumado al hecho que en su gran mayoría pertenecen al círculo familiar o de confianza del grupo, obliga a la víctima a mantener el secreto e impidiendo su inmediata denuncia.
Esta situación, conlleva a lo que se ha denominado el “traumatismo del silencio” y solo la víctima puede tomar cabal consciencia de lo que está pasando después de un periodo de confusión; siendo frecuente además, que el abusador recurra a amenazas y presiones de distinto tipo para que mantenga el secreto durante muchísimos años porque es un delito que no termina nunca.
De esta manera, la conducta abusiva tiende a repetirse y la unión emocional con el agresor y con el resto de la familia está viciada por el secreto y por un sentimiento de impotencia o desvalimiento.
Con respecto a las manifestaciones clínicas de abuso sexual infantil, pueden aparecer a corto, mediano y largo plazo luego de ocurrido el evento debido a un hecho aislado o a una forma de abuso reiterado. Las manifestaciones clínicas varían en gran medida dependiendo de la edad del niño y de su madurez, del vínculo con el abusador, de las características de los hechos de abuso y del grado de contención familiar, entre otros factores.

Teniendo en cuenta esto, jueces del fuero penal y civil desde hace varios años vienen propiciando la realización de un debate que tenga en cuenta “las características propias de este delito”, que hacen que las víctimas no puedan denunciarlo en el corto o mediano plazo.
En particular el reconocido especialista en la problemática, Juez Carlos Rozanski, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, señalo: "No existe un estudio que determine cuántos años pasan entre que un niño o niña es abusado y puede verbalizarlo, incluso es algo que a veces no sucede jamás. Lo que sí sabemos es que por las características propias del delito esta denuncia nunca es inmediata”.
"Esto lleva a que muchas víctimas demoren años en denunciarlo, por lo que no se puede fijar un límite para investigar. Incluso hay quienes no lo denuncian nunca, de hecho se estima que sólo se llevan a la justicia un 10% de los casos", precisó.
Por su parte, la jueza de Paz de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, Graciela Jofre, consideró que "estos delitos deben ser imprescriptibles así como lo es el daño producido al niño quien lo llevará inserto en su psiquis y su cuerpo el resto de su vida y sólo podrá ser atemperado por la indispensable contención terapéutica adecuada". 
Cabe recordar, que en nuestro país el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nº 26 705, conocida popularmente como “Piazza”, por la cuál a partir de reformar el Código Penal se estableció que para los delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes la prescripción comienza a correr a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad, es decir, 18 años. Sin embargo, a pesar de los avances, muchísimos casos continúan bajo el manto de impunidad y paralelamente en el ámbito judicial se observa un incremento sostenido de las denuncias de delitos sexuales que involucran menores. 

Esta realidad, nos motiva a plantear la imprescriptibilidad de este delito, porque la víctima se encuentra en un grado máximo de desprotección. Tenemos como referencia, la resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) que anuló la decisión de la Sala I de la Cámara de Crimen que declaró prescripta la causa contra el ex prefecto del seminario de Paraná, Justo Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos 50 seminaristas de entre 10 y 14 años entre l984 y l992. 

La denuncia se judicializó recién en 2012 Los jueces consideraron que el sacerdote tenía que ser investigado y los delitos juzgados. “Las víctimas no solamente sufrieron ataques contra su integridad sexual siendo niños, sino que éstos no tuvieron la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales a efectos de que se investiguen los hechos por ellos padecidos”, afirmaron en la citada resolución. 
También, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos que desarrolló la doctrina de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyos conceptos se ven reforzados por las "Reglas de Brasilia sobre acceso la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad".
A su vez, en países como Inglaterra y Suiza; los Estados Mexicanos de Oaxaca y Chihuahua; como así también en más de veinte estados de Estados Unidos se ha avanzado en que este delito sea imprescriptible. 

Como fuente normativa a nivel nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobada por Ley 23.054, que en su artículo 8 punto 1 declara el Derecho de acceso a la justicia, cuya principal manifestación radica en el deber de los jueces de posibilitar el acceso de las partes a juicio sin restricciones irrazonables. 
Asimismo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño ratificada por Ley 23.849, la cual establece el interés superior del niño (Art. 3) se vería vulnerada, en cuanto los Estados deben respetar los derechos allí consagrados y asegurar su aplicación a cada niño sin distinción alguna (Art. 2), debiendo adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso, incluido el sexual (Art. 19). De acuerdo con la Convención sobre Derechos del Niño, los niños, niñas y adolescentes son titulares no sólo de los derechos que les corresponden a todas las personas, sino también de derechos específicos por su circunstancia de sujetos en crecimiento. 
También especifica la obligación general de los Estados Partes de tomar medidas “hasta el máximo de los recursos de que dispongan” (art. 4º). 
Ahora,¿ qué sucede, cuando estos niños, niñas y adolescentes son adultos y cargan sobre sus espaldas la imposibilidad de denunciar y acceder a un debido proceso judicial-que repare en parte el daño sufrido en su infancia- porque recién han podido verbalizar o recordar lo padecido veinte años después o más, de lo preceptuado en la Ley 26 705?. 

Por la sanción de una ley

Es por todo lo anteriormente mencionado, que desde el Colectivo Nacional, quieren impulsar la sanción de una Ley en el Congreso Nacional, que establezca la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cuando se trata de menores de edad.
Desde el retorno al sistema democrático en 1983, y en particular en los últimos años, nuestro país ha transitado un camino en la consolidación de una cultura de derechos humanos con la sanción de leyes de vanguardia, que han logrado que ciudadanas y ciudadanos sean reconocidos e incluidos como parte de la sociedad; que sus necesidades y sueños hayan encontrado una respuesta por parte del Estado. Es por ello, que consideramos necesario profundizar este recorrido.
En este contexto, el delito de abuso sexual infantil es una deuda pendiente, que es necesario abordar en la convicción que se trata de una cuestión pública, una cuestión de Estado, en donde se comparte por igual la responsabilidad de abordar esta problemática entre los tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Sostienen que es necesario avanzar en su declaración de imprescriptibilidad porque es inaceptable que delitos de estas características puedan prescribir cuando no ha habido posibilidades reales de juzgarlos.

La reparación comienza con la posibilidad de hablar y ese derecho se les esta negando a las víctimas al tener que seguir manteniendo el silencio como consecuencia de la prescripción existente en materia penal.

lunes, 18 de mayo de 2015

EN 2014 HUBO EN LA PAMPA 461 DELITOS DENUNCIADOS A LA INTEGRIDAD SEXUAL.



La pena más alta por este tipo de delito la tiene un preso de Ingeniero Luiggi con 17 años por abuso sexual agravado por vínculo, otro por 15 años y cuando el caso es esclarecido por la justicia las penas van de 4 a 8 años de cárcel.
Las estadísticas judiciales de La Pampa dieron cuenta que se denunciaron el año pasado 461 delitos en contra de la integridad sexual de las personas, es decir más de uno por día. La agresión o violencia sexual no escapan a la sociedad pampeana ya que el 20,2 por ciento de los presos (con o sin sentencia firme o con prisión preventiva) son por ese delito. 
Es decir abusos, violaciones, incestos, pedofilia, etcétera. A la fecha hay 34 varones de los 167 detenidos en alcaldías, Colonia Penal y jefaturas policiales, privados de su libertad por causas aberrantes. Más de los dos tercios de los abusos denunciados se cometen en contra niñas y niños menores de 17 años, la mitad de ellas de 14 años o menos. El estigma asociado a ello implica que, a menudo, es a la víctima a quien se la culpa, y no al agresor. 
Los delitos en contra de la privacidad de las personas son puestos bajo la lupa ya no solo en la violencia de género, sino también en otra más grave: los abusos a la integridad sexual de mujeres, niñas y niños. Dicen los especialistas que se denuncian apenas uno de cada 20 violaciones y abusos (la mayoría a menores de edad). 
La problemática se complejiza más ya que se condena a menos del 15% de los acusados (en general, a los confesos) por falta de pruebas. Muchos se preguntan si no habría que escuchar más a la víctima donde las Cámara Gesell funcionen siempre cuando hay menores involucrados (hubo apenas 203 en 2014). 
La pena más alta por este tipo de delito la tiene un preso de Ingeniero Luiggi con 17 años por abuso sexual agravado por vínculo, otro por 15 años (Legajo 17289) y cuando es esclarecida por la justicia las penas privativas de la libertad van de 4 a 8 años de cárcel. En investigación hay infinidades.

Cifras. Los número oficiales dan cuenta que en 2009 hubo 291 denuncias pasando a 2012 con 388, en 2013 con 423 y este año llegaron a 461 causas ingresadas por estos delitos contra la integridad sexual (más de uno por día).
Datos oficiales dicen que sobre 136 detenidos hay 34 que realizaron ese delito, de los cuales menos de la mitad están procesados y otros no tienen pena aún pero están detenidos en dependencias policiales, alcaidías y/o colonias penales. Entre los detenidos hay 10 de General Pico (27,7%), 10 de Santa Rosa (27,7%), tres de Intendente Alvear (8,3%), dos de Ingeniero Luiggi y Realicó (5,55%) y uno en Trebolares, Sarah, Quemú Quemú, Rancul y Colonia Barón. 
La mayoría de estos delitos están en las cámaras criminales, oficinas judiciales, fiscalías, jueces de control, jueces de audiencia y Ministerio Público Fiscal. Los abusos sexuales que pudieron constatarse se producen tanto entre adultos, de un adulto a un menor -abuso sexual a menores y abuso sexual infantil- o incluso entre menores. 
El abuso sexual de menores es una forma muy grave de maltrato al menor. Incluye un amplio espectro de acciones entre un niño y un adulto, o con niños mayores. Con frecuencia, aunque no siempre, implica un contacto físico. Exhibir sus órganos genitales ante un niño o presionar a un niño a tener relaciones sexuales, es abuso sexual contra el menor. 
La mayoría de los abusadores de menores conocen al niño de quien abusan. Pueden ser amistades de la familia, vecinos o cuidadores de niños. Horrendo es que casi una tercera parte de los abusadores tienen parentesco con los niños y la mayoría de los detenidos por este tipo de delitos son hombres. 

Registro.
Entre ellos hay 21 casos entre los 35 y 40 años; siete tienen entre 25 y 30 años; cuatro entre 20 y 25 años y otros tres de personas que van desde los 50 años en adelante. Hay un registro reservado y sólo consultado por el máximo tribunal judicial pampeano (STJ) donde al menos hay 51 registrados. 
A ese registro no pudo accederse pues hay prohibición de utilizar esa información como fuente de discriminación o vulneración de la dignidad y privacidad de persona alguna, en un todo de acuerdo con el respeto irrestricto a los derechos consagrados en nuestra Constitución provincial. 
Por boca de los propios jueces se sabe que aquí en La Pampa se ha incrementado notablemente los delitos sexuales y que una gran mayoría no son denunciados en sede penal, ni siquiera una simple exposición policial. Frente a esta problemática, el silencio es nuestro peor enemigo, dado que aquella vieja costumbre protege al agresor, dejando aislada en su dolor a la víctima.

domingo, 17 de mayo de 2015

Un niño no puede evitar un abuso sexual pero un adulto alerta puede frenarlo", advierten las víctimas


"Un niño no puede evitar un abuso sexual pero un adulto alerta puede frenarlo", advierten las víctimas



Adultos que fueron víctimas de abuso sexual durante sus infancias, y que hoy se organizaron para dar visibilidad a la problemática, afirmaron que "un niño no puede evitar el delito pero si hay adultos que están alertas a su alrededor pueden detectarlo y frenarlo".  
Recuperando el proverbio africano que dice que "para criar un niño hace falta una aldea", este colectivo denominado "Adultxs por los derechos de la infancia" ponen el foco en la necesidad de visibilizar el abuso para generar conciencia sobre la "alta frecuencia que tiene este delito y su gran silenciamiento".

"Nosotros pensamos la prevención no desde el lugar de que el niño con ciertos conocimientos lo pueda evitar porque eso sería volver a poner la responsabilidad en el chico", sostuvo Silvia Piceda, sobreviviente e integrante de "Adultxs...".

Y continuó: "para nosotros la prevención pasa por concientizar a los adultos de que el abuso existe, que es muy frecuente y que hay que estar atentos a los niños; es fundamental que la mamá, el vecino, la maestra, estén atentos, que puedan darle el espacio de confianza al niño para que cuente o que presten atención a las señales que los pibes dan".

"Como se trata de un delito que no siempre llega a instancias penales no hay estadísticas oficiales, sin embargo, quienes trabajan con la problemática afirman que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños ha sufrido algún abuso", indicó por su parte Luis Ávalos, otro miembro del colectivo.

Psicólogo y sobreviviente de abuso sexual durante su infancia, Luis aseguró que "el silencio en estos casos ayuda a que se reproduzcan y consoliden ciertos mitos, como por ejemplo, que la niña o el niño que dice haber sido abusado en realidad está siendo manipulado por la madre con algún otro fin, que el niño miente o que la orientación sexual que luego desarrolla en la madurez tiene relación con los hechos que le sucedieron, casi causales".

En este sentido, Silvia expresó que "existe una defensa del relato de infancias supuestamente felices al que todos los aferramos, entonces negamos y olvidamos, perdemos empatía con ese niño que fuimos y por lo tanto con los niños de hoy y, a partir de ahí, defendemos cualquier valor menos al niño".

Por el contrario, las experiencias de quienes conforman el colectivo de "Adultxs...", de reconocer sus historias y visibilizarlas les ha dado otra perspectiva que hoy resignifican en su lucha.

"Yo vi a algunos compañeros del colectivo en una nota en la televisión, los escuché en un momento de mi vida en el que estaba revisando lo que me había pasado y asumiendo después de varias décadas que yo había sido víctima y era sobreviviente de abuso sexual infantil", recordó Luis.

Luis fue abusado cuando tenía 10 años y recién a los 39 años pudo ponerle nombre a lo que le había sucedido: "eso no significa que durante todos esos años yo no haya trabajado con psicólogos, yo nunca lo olvidé, pero siempre lo asumí con mucha culpa, como si hubiera sido una parte negativa de mi exploración sexual de niño, pero donde la responsabilidad estaba puesta en mi".

Y continuó: "Cuando yo logro darme cuenta de que eso fue un delito y que un niño de 10 años no tiene responsabilidad por lo que le ha hecho una persona de 40 aflora todo el dolor, la angustia, pero a partir de ese resurgimiento yo pude ubicarme en otro lugar y decir yo no soy culpable, yo no tengo que tener vergüenza".

El colectivo surgió en 2012 promovido por Sebastián Cuattromo, el joven que logró enjuiciar y que se condenara a quien abusó de él durante su infancia: un religioso del Colegio Marianista de Caballito llamado Fernando Enrique Picciochi.

Desde el primer momento, el grupo funcionó en dos líneas: la visibilización, que ellos definen como "socializar nuestros testimonios de dolor, de lucha y de esperanza", y la reunión del grupo de pares, que es un espacio en el que comparten los testimonios sólo los sobrevivientes.

"Uno encuentra en la palabra del otro situaciones que uno creía que eran un rollo propio, es decir, hay algo de lo que cada compañero cuenta que a cada uno le resuena como propio", rescató Silvia de los encuentros del grupo de sobrevivientes.

Pero la experiencia de visibilización es para ellos fundamental: "nuestros testimonios muchas veces generan condiciones de posibilidad para que las personas comiencen a hablar de sus temas, de sus experiencias".

Son esos espacios de diálogo los que los sobrevivientes detectan como una falta: "la Ley de Educación Sexual podría ser una herramienta maravillosa para la generación de esos contextos, más allá de los contenidos, con generar el clima para que el niño pueda hablar; sin embargo, en nuestra experiencia militante por las diferentes provincias vemos una deuda en su implementación".

Otro agujero negro se da en la justicia: desde el punto de vista penal, el juez platense Carlos Rozanski, señaló en varias oportunidades que "el abuso infantil es el delito más impune de la tierra" ya que de mil casos, se estima que sólo el uno será condenado, el resto, si fue denunciado, queda impune.

"Independientemente de la impunidad del delito dentro de la justicia penal, desde el fuero civil se podría hacer mucho para la protección de los chicos, y no se hace, porque cuando se presenta un caso de este tipo lo que sucede más bien es la persecusión a la madre", sostuvo Sebastián.

Y concluyó: "Nuestro objetivo como movimiento social, político y cultural es lograr un nivel de masividad que pongan a los derechos de los niños en la jerarquía que corresponde; que los adultos, las instituciones y el Estado realmente los proteja, los mire, los acompañe, queremos generar esa aldea en la que ellos puedan crecer sin abusos de ningún tipo".

Para contactarse adultxsporlainfancia@gmail.com, o 15-6972-9541


martes, 12 de mayo de 2015

Crean un protocolo para casos de niños víctimas de abuso.




“El objetivo es evitar la revictimización de niños, niñas o adolescentes que sufrieron abusos sexuales o violencia; pero también y al mismo tiempo, garantizar el pleno y efectivo goce del derecho de defensa por parte de los acusados”, fundamentaron los miembros de la Corte Suprema de Justicia en la acordada 361/2015, a través de la que implementaron un protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia.

La acordada fue publicada ayer en el Boletín Oficial, y lleva la firma de los cinco miembros del máximo tribunal de la provincia. El protocolo fue elaborado por una comisión que integraron representantes del Poder Judicial y de distintos organismos del Poder Ejecutivo.

La Corte aclaró que el protocolo tiene una naturaleza eminentemente administrativa y no procesal, por lo que el incumplimiento de los plazos no pueden ocasionar sanciones de carácter procesal.

Asistencia integral

Entre los objetivos del protocolo, se busca “reducir tanto como sea posible el estrés que atraviesan los niños, niñas y adolescentes, desde la primera exteriorización hasta la finalización del juicio, evitando la revictimización”. También se intenta que en la investigación penal se obtengan pruebas válidas, confiables y de calidad.

La Justicia también buscará brindar una asistencia integral al menor de edad y a su familia mediante el seguimiento, protección y asistencia social, médica, psicológica, educativa y económica.

Por otra parte, los distintos actores que tomen conocimiento de una situación de abuso sexual o de maltrato infantil, tienen la obligación de derivar inmediatamente los casos a la Justicia y no pueden entrevistar a los menores. Este punto incluye a docentes, médicos y policías.

Declaraciones acotadas

Las víctimas tendrán que, dentro de lo posible, prestar declaración en un plazo no superior a los siete días del momento en que se cometió el delito. Sin embargo, si excepcionalmente debe interrogarse al menor cuando se realiza la denuncia, ese interrogatorio deberá limitarse a preguntas acotadas, básicas e imprescindibles: ¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde?, ¿Quién lo hizo? No podrán realizar preguntas directas sobre el hecho.

La declaración testimonial de los menores deberá ser tomada en cámara Gesell, y grabada por un sistema de circuito cerrado. La filmación será resguardada y quedará custodiada hasta su eventual reproducción en un debate oral.

Un solo examen

“El examen médico debe ser único y siempre voluntario. No se debe presionar al niño, niña o adolescente para su realización”, consigna el protocolo.

Maltrato infantil

Las disposiciones alcanzan también los casos en los que un menor esté siendo víctimas de maltratos y tormentos sufridos por sus familiares. Por ello se contempla la intervención de distintos fueros de la Justicia, como los juzgados de Familia, para las situaciones en las que se deban tomar medidas de resguardo de la integridad física del menor.

La Defensoría de Menores, de considerarlo necesario, brindará asesoramiento a docentes para que la escuela a la que asiste el niño víctima sea un lugar más de contención.