domingo, 30 de agosto de 2015

La respuesta a la víctima no puede ser negativa: afirmó la senadoraque impulsa la imprescriptibilidad del abuso infantil





La senadora de Entre Ríos por el Frente para la Victoria, Sigrid Kunath, manifestó que "la respuesta a la víctima de abuso sexual infantil no puede ser negativa" al participar en Resistencia de un debate sobre su proyecto de ley con media sanción en el Congreso que establece "la imprescriptibilidad de delitos contra la integridad sexual" de menores. En una charla propiciada anoche por el Espacio de Género de la Agrupación Colectivo Nacional junto con la asociación Justicia Legítima Nordeste en la Casa de las Culturas de la capital chaqueña, la legisladora detalló los avances de la iniciativa respaldada por autoridades judiciales y referentes en temas de los derechos de la niñez.

Kunath valoró la apertura del debate para "visibilizar un tema complejo que durante mucho tiempo fue tabú, pero que entendemos que el único camino es su incorporación en la agenda pública para lograr un involucramiento ciudadano y, así, construir mejores dispositivos de contención".

El proyecto 2288/14, aprobado en el Senado, ya está en la Cámara de Diputados y propone la modificación de tres artículos del Código Penal de la Nación para pedir la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de "quienes valiéndose de un cargo perpetrara este tipos de abusos", además del eje de la iniciativa que incorpora al artículo 62 bis la imprescriptibilidad en delitos contra la integridad sexual en menores.

La senadora recordó la génesis de este proyecto y se remitió a su paso por la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos cuando la aberración y la repercusión que se dieron en casos que tenían como víctimas a niñas y niños motivaron aunar esfuerzos entre el Estado y organizaciones civiles para actuar en consecuencia.

Así, señaló que junto con miembros de la organización "Con Los Gurises No", que también participaron de la charla, avanzaron en la creación de un protocolo de intervención y la creación de un consejo de acompañamiento para víctimas de estos delitos.

"Es un tema muy complejo, que tiene consecuencias brutales y nos parece que cuando la víctima puede asumir el proceso de acudir al servicio de justicia la respuesta del Estado no puede ser negativa con el solo argumento de la prescriptibilidad", consideró.

"Esta ley implica continuar el camino iniciado con lo que se conoce como la 'la Ley Piazza' (que amplía los plazos de prescripción cuando las víctimas son menores)", sostuvo Kunath.

Por su parte, la defensora oficial e integrante de Justicia Legítima Nordeste, Lorena Padován, reflexionó sobre la forma de encarar la atención de quienes sufrieron esta vulneración de derechos y los avances normativos que se dieron en esta rama de la justicia penal.

"La víctima debe ser acompañada en todo el proceso por un equipo interdisciplinario, porque si bien el acceso a la justicia es el asesoramiento técnico, esto no es suficiente porque el intento de reparación del daño causado por un abuso debe ser parte de un trabajo integral", indicó.

En un plano más amplio, consideró que el acceso a la justicia "es un derecho humano", que debe ser más ágil cuando se trata de menores porque "debemos generar esquemas que permitan vencer el obstáculo del temor a la burocracia judicial".

En tanto, la psicóloga Silvana Pérez, con vasta experiencia en la atención de casos de abuso sexual, señaló que para una víctima la condena implica la "posibilidad de generar un proceso de restitución de un orden de legalidad que fue alterado con el abuso".

"Un abuso significa un acto de disimetría que ataca la condición subjetiva de un niño, que alteró su orden de la legalidad y generó una situación traumática que puede prolongarse por el resto de la vida, por lo que nos parece importante contar con estas herramientas y garantías sociales y jurídicas que buscan la reparación del daño", opinó.

Además, participaron de la mesa de debate la psicóloga Carolina Fule e integrantes de la organización "Con los Gurises No", que consideraron que el proyecto puede contener también los delitos de pedofilia y pornografía infantil. Como moderador actuó el fiscal federal especial en Derechos Humanos, Diego Vigay.