En dos años aumentó un 62% la cantidad de casos de abuso sexual a menores en la provincia, es decir que hay una víctima casi cada 4 días. Estos datos publicados hace una semana en este medio motivaron que varios especialistas se reunieran para debatir sobre esta realidad. En una de las ya tradicionales mesas redondas convocadas por DIARIO DE CUYO, representantes del ámbito gubernamental, judicial, educativo y de la salud hablaron sobre diferentes aspectos de esta problemática y, pese a sus diferencias, coincidieron en que falla la contención estatal de la víctima y de su familia durante el período que transcurre entre que se realiza la denuncia del delito hasta, al menos, la realización del juicio. Del encuentro, que duró dos horas, participaron el juez de Instrucción Benito Ortiz; Juan Carlos Noguera, juez de Paz de 9 de Julio; Marcelo Bartolomé, secretario social de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia; Clarisa Boto, secretaria del recientemente inaugurado Órgano Coordinador de Seguimiento, Evaluación y Prevención de la Violencia Familiar; Amelia Agüero, docente en zona rural; Silvia Pugliese, psicóloga y coordinadora del Comité de Maltrato Infanto-Juvenil del Hospital Rawson; y Graciela Martínez, trabajadora social que se desempeña en el Centro de Salud Báez Laspiur, en Chimbas.
La charla no sólo tuvo como eje el aumento de casos de abuso sexual a niños. El debate fue mucho más allá y hasta se discutió sobre la contención que da el Estado tanto a la víctima como a su familia. Los participantes concluyeron en que la misma falla, al menos, en el período que va desde que se denuncia el hecho hasta el inicio del juicio. Hicieron esta evaluación teniendo en cuenta las características comunes de la mayoría de los casos de abuso infantil según lo que ellos ven en su trabajo diario: ocurren en el seno de una familia numerosa de muy escasos recursos; el abusador es el padrastro del menor y es el sostén de la casa. “No hay una protección integral del niño y de su familia desde que se judicializa el caso. Falta, por ejemplo, hasta una contención económica por parte del Estado. Cuando se lleva a prisión al abusador, la familia de la víctima se queda sin el sustento que el sujeto proveía. A veces viene la mamá con el niño abusado para hacer la cámara Gesell sin siquiera haber desayunado. En el juzgado le damos un desayuno porque cómo puede el niño prestar atención a las preguntas que le hacen los profesionales si está pensando en el hambre que siente. Muchas veces también le damos dinero para el colectivo para que regresen a sus casas porque tampoco tienen”, dijo el juez Ortiz.
Por su parte el juez Noguera dijo que también es “testigo de esta falta de contención” durante esta etapa y sin que haya una solución. “No veo que los municipios se involucren tampoco en la contención y asistencia de la víctima y su familia”, sostuvo el magistrado.
“Los chicos abusados, por lo general, no vuelven a la escuela después de que se denunció su caso”. Lo dijo Amelia Agüero que es docente en una escuela que está en Médano de Oro. Agregó que las víctimas dejar de ir a clase por vergüenza. “Cuando el caso se denuncia y se detiene al abusador se vuelve conocido en la comunidad los niños sienten mucha vergüenza y no quieren salir de sus casas. El Estado no se encarga de saber si va a clase o de su revinculación con la escuela. A veces somos los docentes por voluntad propia quienes nos encargamos de ir a buscarlos”, dijo la docente.
Silvia Pugliese, la psicóloga, agregó que durante la etapa mencionada no se hace un seguimiento de que el menor abusado esté recibiendo contención psicológica. “Se les da los medios para que accedan a la terapia, pero también a veces por cuestiones económicas la abandonan. Y hay que destacar que un chico abusado puede salir del trauma con la terapia y recuperar su vida”, concluyó la especialista.
En tanto que la trabajadora social, Graciela Martínez, agregó que “es verdad que no hay un seguimiento de la contención de la víctima y de su familia”. Y que a veces son los organismos más chicos quienes se encargan de ese tema. “Cuando en el Centro de Salud Báez Laspiur detectamos un caso de abuso lo comunicamos a las autoridades competentes, pero no nos desligamos. Visitamos a la familia de la víctima, nos informamos cómo está el menor. Esto lo hacemos incluso hasta después de que el juicio se resuelve y el abusador es condenado porque tanto la víctima como su familia quedan en un estado de vulnerabilidad importante. Es la política de trabajo que seguimos en el Centro”, dijo Martínez. “Hay fallas en la contención, pero trabajamos para aceitar todo y que funcione lo mejor posible tanto para el niño abusado como para la familia”, dijo Marcelo Bartolomé, de Niñez, luego de escuchar a los demás integrantes de la mesa. Agregó que cuando la Justicia se hace cargo del caso, desde Niñez se trata de contener a la familia y a la víctima, “pero algunos aspectos se escapan”. “Desde que se judicializa la causa hasta que el niño va a la Cámara Gesell pueden pasar dos o tres meses. En ese tiempo su familia tiene que tratar de no hablarle del tema, pero es muy difícil en ese sentido. Podemos darle contención psicológica pero no podemos estar en su casa todo el día para que esto no suceda. Hay que ver la manera de superar este aspecto y estamos trabajando en ello”, sostuvo el funcionario.
Clarisa Boto también admitió que “hay mucho por mejorar, en pos de la contención y bienestar de la víctima de abuso y de su familia”. Dijo que con eso objetivo se conformó el pasado 16 de septiembre el Órgano Coordinador de Seguimiento, Evaluación y Prevención de la Violencia Familiar, aunque todavía no se ha concretado “ninguna política de acción al respecto”, “Tenemos que trabajar en el abordaje integral de la familia. Tenemos que pensar en la víctima, en su madre, en sus hermanos, en cómo se reintegra ese chico en la escuela, entre otras cosas. Hay que repensar y fortalecer el método de trabajo y desde diferentes ámbitos por eso este Órgano está formado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, sostuvo Boto.
MÁS ANIMO DE DENUNCIA
Los profesionales también coincidieron al afirmar que no saben a ciencia cierta si hay más casos de abuso sexual infantil. Sí que ahora se denuncian más. Agregaron que este ánimo de denuncia se debe al trabajo coordinado entre los organismos intervinientes que hace que la gente se anime a revelar estos hechos.
“Los docentes y médicos son actores fundamentales en detectar y dar aviso de casos de niños abusados. A mi juzgado se acercan las maestras en forma permanente para informarme sobre estos casos o de otro referido a violencia familia”, dijo el juez Noguera. Un protocolo de acción y la capacitación permanente de los empleados estatales es para Marcelo Bartolomé “una de las razones por las cuales la comunidad se anima más a denunciar este tipo de casos”. “La gente debe saber que este delito es de orden privada por lo tanto sólo puede ser denunciado por el apoderado legal del menor (padre o madre), sino por la asesora de menores. Nadie más puede denunciarlo, sí puede darlo a conocer”, dijo el funcionario.
Amelia Agüero, contó que hace un tiempo llegó a todas las escuelas la Guía Federal de Educación que dice cómo se debe actuar ante un caso de abuso o de violencia y que el Ministerio de Educación de la provincia capacitó a todos los docentes en este tema. “Los maestros ya sabemos interpretar algunas señales de abuso sexual en los alumnos, por ejemplo, que a pesar de hacer calor se abrigan mucho para ocultar y proteger su cuerpo”, dijo. Por su parte, Graciela Ramírez dijo que en el Centro de Salud donde trabaja también se manejan con un protocolo para dar aviso de un caso de abuso sexual infantil, y que para ello es fundamental el trabajo de todos los profesionales. “Los pediatras y enfermeros están capacitados para determinar cuándo la herida que tiene el niño no fue producto de una caída sino de un golpe. O que el nerviosismo que muestra a la hora de que el médico le levanta la remera para revisarlo puede ser un síntoma de abuso. De inmediato se comunica el caso a Niñez para su intervención”, agregó la especialista.
Clarisa Boto agregó que “es importante trabajar en la prevención de estos casos de manera integral, que es lo que se pretende desde el Órgano Coordinador, aunque aún no se ha determinado la forma de hacerlo”.
El juez Ortiz remató diciendo “lo importante es que, al menos, se está empezando a trabajar en el tema”.
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