Es ley la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil

La Cámara Alta en la sesión de ayer, transformó en ley el proyecto que establece la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil, ampliamente debatido en la Comisión de Justicia del Senado, que preside el senador Guillermo Guastavino (FPV). La iniciativa, autoría de la legisladora Sigrid Kunath (FPV), fue aprobada en Diputados con modificaciones, establece la suspensión de la prescripción “mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad” y a su vez “incorpora el delito de trata de menores, dentro de los  contemplados en la suspensión de la prescripción”, según información enviada a DIARIOJUNIO.

Como miembro informante, Guastavino resaltó: “Entendemos que por más que se modifica el proyecto original, la versión de diputados constituye un importante avance en la protección de los menores contra el abuso sexual y consideramos un gran aporte la inclusión de la trata de personas”.

“Me parece importante destacar los esfuerzos que este Congreso ha hecho para sancionar la Ley 26.705 por la que se modificó el plazo de prescripción de la acción penal estableciendo que la misma comienza a correr luego de adquirida la mayoría de edad, y que ha resultado un gran avance en materia de tutela de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, pero entiendo que la realidad nuevamente nos impone un cambio y este proyecto representa ese cambio”.

El juicio después de la sorpresa

Javier Broggi era funcionario de Urdinarrain y trabajaba en el Colegio Nacional local. Está acusado de haber abusado sexualmente de los hijos de sus amigos durante largos años. El caso produjo conmoción y llevó a la creación de la ONG Con los Gurises No.

 Por Mariana Carbajal

El juicio contra el ex responsable del Area de Cultura de la ciudad entrerriana de Urdinarrain, acusado de abusar sexualmente de los hijos de sus amigos durante largos años, comenzó ayer en los tribunales de Gualeguaychú. Javier Broggi, quien fuera además secretario del Colegio Nacional local, está acusado de los delitos de “promoción a la corrupción agravada de menores, en la modalidad de delito continuado”, con penas de 10 a 15 años de prisión. En la primera jornada del debate oral y público, declararon como testigos tres de las víctimas –dos son querellantes, todos mayores de edad–, un familiar de otra, un policía que participó del allanamiento en la casa de Broggi y un perito informático que trabajó sobre el material secuestrado. El caso, que conmueve al pequeño pueblo sojero, llevó a la creación de la ONG Con los Gurises No, que trabaja desde entonces contra el abuso sexual infantil. Con carteles, muchas de sus integrantes, madres de víctimas, esperaron a Broggi a la salida del Tribunal: “Hijo de puta, abusador”, le gritaron. El acusado prefirió bajar la vista y no responder. Tampoco a la prensa, que por disposición de los jueces no tiene permiso para ingresar a la sala de audiencias, a pesar del pedido de los familiares y las víctimas para que pudieran seguir el debate.

En total fueron citados unos 18 testigos. Hoy está previsto que declaren los que restan, entre ellos, dirigentes políticos de Urdinarrain como el ex intendente Alberto Monracco, docentes que se desempeñaron en el mismo colegio que Broggi, familiares de víctimas y peritos psicológicos y psiquiátricos. El jueves podrían ser los alegatos. Broggi fue funcionario municipal hasta 2008, cuando salieron a la luz estos hechos que se le imputan. El tribunal está presidido por la jueza Alicia Vivian y se completa con los vocales Alberto Seró y Mariano Martínez.

Al comenzar la audiencia, las partes acusadoras dieron cuenta de los hechos investigados. Broggi llega a juicio acusado por los abusos cometidos presuntamente contra dos jóvenes cuando eran adolescentes, entre 2002 y 2003. Pero en realidad, sus víctimas serían muchas más –se calculan alrededor de 40, entre 1988 y 1995– aunque la mayoría prefirió guardar silencio y no denunciarlo. En esos casos, además, los delitos que se le podrían imputar estarían prescriptos, tal como informó este diario.

El fiscal coordinador, Lisandro Beherán, detalló: “Broggi, aprovechando su función en la municipalidad, montó una escena en la que ofrecía sesiones fotográficas para eventos que no existían y sólo tenían como fin acercarse a las víctimas”. El fiscal precisó que llevaba a sus víctimas a la Estación de Trenes de Urdinarrain –donde él mismo había montado un centro cultural–, para tomarles fotos con trajes de “dioses romanos o curas”. Luego les pedía que se cambiaran de ropa y les ofrecía prendas muy pequeñas, por lo que los muchachos quedaban casi desnudos. En ese contexto los abusaba. También, en la casa del imputado, donde les exhibía material pornográfico. En el alegato se habló de manoseo y tocamientos reiterados que “afectaron el libre desarrollo de la sexualidad” de las víctimas.

El juicio tiene lugar en los tribunales de Gualeguaychú, a 56 kilómetros de Urdinarrain. El caso fue revelado en su momento por la revista Análisis Digital, que dirige el periodista Daniel Enz. Urdinarrain tiene unos 10 mil habitantes. Conocer lo que había pasado con tantos chicos “generó una gran conmoción”, contó a este diario Norma Romero, ex rectora del Colegio Nacional del pueblo y ex concejal, en tiempos en que Broggi era secretario en ese secundario y además funcionario municipal. A partir de que se destapara el caso, ella junto a madres de algunas de las víctimas –que con sus esposos eran íntimos amigos de Broggi– impulsó la creación de una ONG, Con los gurises no, que trabaja en la zona para concientizar sobre el abuso sexual infantil.

La querella coincidió con la exposición de la Fiscalía y remarcó la condición de funcionario público que ostentaba Broggi. “Las víctimas llegaron a tomarse esos hechos como algo ‘normal’”, subrayó la abogada Estela Esnaola. La defensa rechazó las imputaciones. Y adelantó que pedirá la absolución por prescripción.

Las tres víctimas dieron detalles de los hechos, de cómo los habían marcado en su vida, de la confianza que le tenían. Una mujer, familiar de una de las víctimas, ex vecina de Broggi y también ex compañera de trabajo, contó a los jueces cómo se enteró de los abusos. Dijo que la llamó su hermana para decirle que su sobrino había sido abusado por Broggi. “Fue un shock porque me crié con Javier y siempre nos mantuvimos cercanos”, señaló. Refirió a la primera reacción de los padres del joven. “La mamá tuvo una crisis de llanto y el papá quiso ir a pegarle, pero lo frenamos.” La testigo recordó que hablaron con una concejal del pueblo, quien luego le contaría lo sucedido al intendente. Esa edil también lo encaró a Broggi y le preguntó si era un pedófilo. “Según los dichos de ella, él le reconoció eso, agregó que hacía esas cosas desde los 15 años y que había abusado de muchos, muchos niños.”

Citan a declarar sin Cámara Gesell a una nena de 10 años

La audiencia del juicio se realizará el 18 de noviembre en el Tribunal Oral Criminal N°2 de Dolores, ubicado en Alberdi N°137, donde la niña fue citada en calidad de "testigo" ofrecida por la fiscalía que investiga la causa, confirmaron fuentes judiciales.

"Mi hija es víctima de este sujeto que abusó de ella en reiteradas ocasiones. Desde muy pequeña ella contó lo que su papá le hacía, se lo contó a muchas psicólogas, tuvo nueve peritajes y todos dieron positivo a abuso, no la pueden someter a contar todo una vez más, frente a jueces y al abogado defensor", expresó a Télam I.M., mamá de la víctima quien prefiere resguardar su identidad.

I.M. se separó del padre de la niña cuando ella tenía 8 meses y las sospechas de abuso comenzaron a los dos años y medio, cuando la pequeña comenzó a expresar algunas de las situaciones a las que su papá la sometía.

La mujer comenzó a pedir ayuda desde entonces, pero fue recién en 2009 cuando realizó la denuncia penal asesorada por el servicio local de la localidad bonaerense de Pinamar, tras un hecho relatado por la niña que no dejaba lugar a dudas.

Desde entonces, la pequeña relató ante nueve psicólogos especializados y todos coincidieron en el diagnóstico de abuso.

"Las pericias eran claras y todas coincidían. No se entiende por qué la justicia está demorando tanto en dictar una sentencia", recordó Patricia Gordon, coordinadora de la organización EnRed y psicóloga especializada en abuso sexual infantil (ASI), quien hace cinco años realizó una evaluación de la nena.

Y añadió que "exponer a la niña a declarar en una audiencia oral es una aberración psicológica y jurídica, es absolutamente revictimizante no sólo por lo que debe volver a contar, que ya contó, sino por el contexto, esto vuelve a ocasionar un trauma".

Aunque sin brindar ningún detalle de la investigación para resguardar a la niña, la Asesora de Incapaces de Dolores que la representa, María Angela Salim, aseguró que "se están pidiendo todas las medidas de protección necesaria" y afirmó: "Que esté citada no implica que se la obligará a declarar".

Como los delitos fueron cometidos en General Madariaga y Pinamar, el juicio se lleva adelante en Dolores, donde no hay Cámara Gesell, que es una habitación acondicionada para la declaración de testigos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como los niños, niñas y adolescentes o las víctimas de trata, entre otras circunstancias determinadas por la ley.

"Una pregunta que habría que hacerse es por qué un departamento judicial como Dolores no tiene una Cámara Gesell, cuando se trata de acondicionar una habitación separada de otra habitación más pequeña con un vidrio y un mínimo sistema de micrófonos", afirmó Gordon.

Pero el departamento de Dolores no es el único sin este dispositivo, según describió a Télam Juan Pablo Gallego, el abogado que representó a los niños abusados por el sacerdote Julio César Grassi: "En los tribunales de San Martín tampoco cuentan con Cámara Gesell, hace poco tuve un juicio allí y tuvimos que utilizar las dependencias de los tribunales de Lomas de Zamora que sí tienen".

En Argentina la forma de declarar se rige por los códigos de procedimientos: "A nivel nacional fue cambiado a partir de la ley 25.852 y se prohibió específicamente que los niños, niñas y adolescentes sean entrevistados por jueces, fiscales o personal policial", detalló a Télam el juez platense Carlos Rozanski, redactor de la normativa.

El magistrado indicó que esto rige en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y en los federales, y que luego cada provincia modificó su código de procedimientos para adaptarlo a la 25.852.

"En el caso de la provincia de Buenos Aires, si bien no se tomó exactamente la ley nacional, lo que hay que tener en cuenta es que existe un artículo en la Convención Internacional de los Derechos del Niño que dice expresamente que deben ser oídos y para eso se debe generar un ámbito apropiado", sostuvo.

"Es decir que ninguna ley provincial puede ir en contra del bien superior que es el derecho del niño y que está garantizado en la Constitución Nacional desde el momento en el que la Convención tomó rango constitucional", añadió el autor del libro "Abuso Sexual Infantil, ¿silenciar o denunciar?".

"La importancia del contexto a la hora de darle la palabra al niño es central. Si uno pone a declarar a un niño o niña abusado frente a hombres de saco y corbata que le hacen preguntas no le está dando la voz, en realidad lo está silenciando", concluyó. 

El abuso sexual es un problema de salud pública

 Por Irene Intebi (*) 

Recibo un email de change.org. Pide que cada uno de los candidatos se comprometa a decir que va a hacer en favor de los chicos argentinos. Miro las noticias. Siempre un nuevo caso de abuso sexual acapara la atención pública por un par de días antes de diluirse a toda velocidad. Supongo que alguien se debe estar preguntando qué pasa, si ahora hay más casos que hace unos años atrás o si este tema está de moda. Tal vez alguien reflexione erróneamente: “Total, hoy es tan fácil hacer una denuncia y complicarle la vida a un inocente”.

Me pregunto si alguien se pregunta si no será verdad eso que dicen las estadísticas que cada tanto le llegan a la opinión pública: que 1 de cada 5 chicas y 1 de cada 8 varones menores de 18 años fue víctima de conductas sexuales inadecuadas.

Me pregunto si a alguien se le ocurre intentar bajar las estadísticas a la realidad y visualizarlas. Un ejercicio puede ser observar los viajeros y viajeras de un vagón de subte en hora pico, marcar mentalmente a 1 de cada 5 mujeres y a 1 de cada 8 varones. Las víctimas, los y las sobrevivientes. Abuso sexual infantil: un problema complejo de múltiples aristas e implicancias. Una violación de derechos. Un delito. Un problema de salud pública.

¿Qué pasaría si nuestro país –o cualquier país– tuviera que afrontar un problema de salud que afectara a este mismo porcentaje de población infantojuvenil? ¿Qué pasaría si la amenaza fuera el cólera, el dengue o la gripe A?

Como ya nos pasó, se harían campañas a través de los medios de comunicación para que la gente supiera identificar los primeros síntomas y conociera los lugares a dónde se tendría que dirigir para ser asistida. Habría salas de atención primaria preparadas para recibir las consultas y efectuar las derivaciones. Habría hospitales en la segunda línea listos para evaluar, internar y tratar los casos más complicados y servicios de mayor complejidad listos para aquellos todavía más graves.

Toda la sociedad estaría en alerta y contaríamos con una estrategia de niveles de complejidad crecientes y con equipos entrenados para intervenir con eficiencia, para salvar vidas y reducir las consecuencias al mínimo con equipos que no serían solamente sanitarios sino de distintas disciplinas

En la mayoría de los países no hay políticas que tengan en cuenta que el abuso sexual, el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar constituyen un problema de salud pública, que afecta a la salud de las personas, que es una cuestión más compleja que la vulneración y la violación de los derechos. Es un problema sanitario que tiene consecuencias a largo plazo y cuyos efectos no se pueden solucionar si no se le ofrece a la población servicios adecuados tanto para la detección, la evaluación, la intervención como para el seguimiento.

Vuelvo a las noticias del día. Dicen que a 3 meses del #NiUnaMenos se registraron otros treinta femicidios.

(*) Psiquiatra Infantojuvenil y psicóloga. Ex Presidenta de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil (ISPCAN) y autora de libro “Abuso sexual infantil: En las mejores familias”. www.centroderecursos.com.ar

"¿Quién protege a los niños?"

Por Lilian López DU Nº 11.397.910 Plottier

En el portal de internet de la Legislatura provincial leo con interés que hace referencia a un tema preocupante en estos tiempos por la cantidad de casos: el abuso sexual infantil. 

El portal en su interior señala que, al 9 de junio de 2015, 19.000 estudiantes han recibido información sobre el tema. Pero en la realidad de los hogares hay silencios y la temática requiere mayor difusión en los medios, desde el Estado y aun los mismos medios de comunicación que exponen lo que algún funcionario permite que se sepa o las víctimas o sus representantes hacen posible. En ocasiones se silencia a las víctimas y a los abusadores.

Oportunamente he acompañado a una madre de una menor abusada en la amarga tarea de lo judicial. El abusador, docente de profesión, padre de otros niños, de cercanía familiar con la pequeña, observo que resulta más protegido que la víctima. Siempre invocando el principio de inocencia que la Constitución sanciona. De él no hay tantas dudas interpuestas. Mantiene imagen e integridad. No obstante no concurrió a hacerse el psicodiagnóstico solicitado por la defensora del Niño, el Adolescente y la Familia y, como la Justicia no lo obliga, no lo realizó alegando su abogado la estrechez de los tiempos de la comunicación de pedido de la pericia.

Al ser un delito de instancia privada, su abogado insiste en no menoscabar el principio de inocencia. Ahora yo, ciudadana y contribuyente, a la luz de la ley de Protección del Niño, el Adolescente y la Familia me pregunto: ¿quién protege a los niños de estos individuos? ¿El Estado no debe agotar las instancias para demostrar que la integridad psicológica del acusado está resquebrajada al cometer tales hechos? ¿Acaso la relación de desigualdad respecto de la edad de la víctima no obliga a extremar la testimonial para obtener más información sobre su personalidad? ¿El abuso sexual infantil no es acaso un drama social que genera angustia e interrogantes que pueden modificar la personalidad de la víctima y la relación con su entorno familiar ? 

Si el Estado tiene interés en perseguir este delito por el interés social, ¿por qué la menor es sometida a la cámara Gesell y el victimario circula libremente sin una comprobación profesional del estado de su psiquis?

La desnaturalización de conductas inapropiadas es la tarea de la Defensoría, del Estado provincial, de los padres y de los docentes (quienes en primer término entran en contacto con el tema). Tienen tareas pendientes para que toda la comunidad sepa y pueda adelantarse en la prevención del abuso sexual infantil y otras formas del maltrato a los niños. El Consejo Provincial de Educación no debe mirar para otro lado en este punto y sí actuar con premura. Hay demasiada coincidencia de estos hechos en el sistema educativo.

La necesaria referencia a lo sexual de las relaciones humanas, como lógico inicio de sus perversiones (que en ocasiones aparecen en las crónicas policiales), requiere separar lo sexual de la genitalidad, que aún mucha gente confunde, encontrarse con un "otro" en otro espacio y que dispare conductas sexuales perversas, de consecuencias inimaginables en un niño; son cuestiones preocupantes y en estos tiempos de los derechos humanos se espera que los humanos tengan conductas razonables y propias de los adultos conducentes al cuidado, la contención y la protección del menor.

Los jueces tienen la palabra. Su mirada jurídica no debe desproteger al menor y debe castigar al adulto que vulnere la condición natural del niño en su vulnerabilidad y desigualdad frente a alguien que, "escondido, refugiado" en su condición de familiar o de docente, satisface su perversa mentalidad.

Lilian López

DU 11.397.910

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