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El caso más grave y con mayor número de víctimas de la historia de la pederastia de la Argentina, ha quedado al descubierto en San Antonio Oeste, Río Negro, por el abrumador relato de una de sus víctimas en las redes sociales. La cantidad de testimonios de damnificados de abusos y violaciones en forma grupal e individual en edades que oscilaban entre los 7 a 18 años de edad al producirse los hechos, ya alcanzaría a más de veinticinco víctimas. Sobre esa base, es probable que la causa inicialmente caratulada por el Dr. Igoldi como “Abuso sexual, exhibiciones obscenas y facilitamiento de pornografía a menores de edad” pueda evolucionar para incluir las figuras de asociación ilícita y un mayor número de casos a los inicialmente previstos.
Comparativamente la ley argentina es más benigna que en otros países, de hecho, si bien la ley prohíbe la producción y distribución de pornografía infantil, las sanciones que impone oscilan entre 6 meses y 4 años de cárcel. Curiosamente excluye como delito la tenencia de pornografía infantil para uso personal a menos que la misma fuera orientada a una posterior distribución, en cuyo caso las penas son de 4 meses a 2 años de cárcel. Asimismo, la ley fija penas de entre 1 mes y 3 años de prisión por facilitar el acceso a material o espectáculos pornográficos a menores de 14 años. Sin antecedentes, ni agravantes, fácilmente excarcelables. Es difícil coincidir con el tratamiento punitivo previsto por el legislador que no guarda relación con el inmenso e irreparable daño producido en la vida emocional y relacional de los menores afectados.
Los nombres de Marita Verón, Angeles Rawson, Otoño Uriarte, trágicamente incorporados a nuestro imaginario, evidencian que debió prestarse mayor atención a la dramática verdad sanantoniense que estuvo escrita como graffitis en muchos paredones y circuló como un “secreto a voces” durante casi veinte años. La comunidad y las autoridades responsables prefirieron literalmente borrarlos e ignorarlos en lugar de iniciar una investigación que demostrara la verosimilitud de esos rumores acallados por el temor que infundía el posicionamiento político y mediático del denunciado, que acostumbraba hacer exhibición de armas de fuego y gala de relaciones influyentes. El procesado detenido con prisión preventiva Marcelo Morelli es un notorio dirigente local de la Alianza Frente Progresista, Corriente Cívica ARI, que en Río Negro conduce la Senadora Nacional Magdalena. Al trascender la prisión preventiva, los órganos partidarios han suspendido provisoriamente la afiliación del sujeto aludido. Morelli también conducía un programa radial denominado “Animales Nocturnos” y es propietario de una empresa que ofrece servicios de luz y sonido para eventos, similar a la de otro oscuro personaje con actuación en Río Negro que ya ha recibido condena firme en su contra por violación de menores, el acaudalado Alberto Pampín.
Ni el Estado Nacional ni el Rionegrino impidieron que Alberto Pampín, empresario prófugo desde 2005 por abusar de una menor, a través de su empresa Pampín Luces, se encargará de iluminar el Festival de la Democracia (2012), la feria Tecnópolis en Buenos Aires, el Edificio de YPF para el 25 de Mayo, la Conmemoración de Vuelta de Obligado (en 2011, en San Pedro), el stand de Presidencia de la Nación en la Feria del Libro y el de Buenos Aires Joven. Pampín Luces también ha tenido contratos con la Fiesta de la Vendimia de Mendoza, la Fiesta de la Nieve de Bariloche, el Festival Reina del Mar en Mar del Plata y la celebración del 459º aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero. En Río Negro fue el proveedor de las luces para la Fiesta de la Nieve del año 2012. Apartándose de las normas establecidas el Municipio de Bariloche, autorizó que los honorarios de aludido fueran cobrados por un tercero, proporcionándole un atajo para mantener sus lucrativas actividades, mientras continuaba eludiendo el fallo de la justicia. Es oportuno destacar que desde 2010 Pampín ya estaba condenado y prófugo quedando firme la apelación a la Corte Suprema de Justicia en Junio de 2013, cuando el organismo solicitó su detención internacional sumando el concurso de Interpol. Pese a dicho requerimiento el prófugo sólo fue detenido cuando una de sus víctimas lo reconoció y requirió la intervención policial en un evento en Tecnópolis donde asistía asidua y desembozadamente sin ninguna consecuencia. Esta niña abusada que ahora tiene veinte años y que debió asumir esta involuntaria notoriedad, ya superó tres intentos de suicidio y como todos nosotros necesita comprobar que los delitos de los que fue víctima tienen alguna consecuencia.
El hecho descripto no es aislado, ni excepcional, muchos más actúan contra el colectivo infantojuvenil con absoluta impunidad en los repliegues del poder, utilizando influencias políticas, dinero del crimen organizado, chantaje y/o las amenazas violentas sobre las víctimas y sus familiares queridos. Es desafortunadamente emblemático el caso de Fabián Villanueva, procesado por “abuso sexual con acceso carnal reiterado y agravado por haber sido cometido contra una menor y aprovechando su situación de convivencia” que entre los 12 y 17 años sometió a su hijastra hasta ser denunciado por la misma. Este sujeto que admitió los hechos y que sostuvo perversamente en su descargo judicial que había mediado “consentimiento” de la menor, en un intento de corresponsabilizar a su indefensa víctima, ha sido sistemáticamente protegido por los poderes públicos. El poder judicial le brindó el beneficio de excarcelación afirmando que no representaba un peligro para su víctima residente en Cipolletti, ya fijaría su residencia en Viedma. Si se hubiera consultado a los padres de la Comarca Viedma Patagones, o a profesionales especializados, seguramente no compartirían criterio semejante. Villanueva dio como domicilio una gomería ubicada en la Ruta 3 en donde no hay sitio material para que arme una vivienda. Posteriormente y contrariando el mandato judicial vigente, mediante el decreto Nº 256/2013 el Ejecutivo Provincial aprobó un contrato de locación de servicios a favor del citado Luis Fabián Villanueva, para desempeñar tareas en la Delegación de Inspección de Personas Jurídicas a cargo del Dr. Félix San Martín en la propia localidad de Cipolletti, de donde debía permanecer apartado por el citado fallo judicial. De nada sirvieron las marchas de la Multisectorial en Cipolletti, ni los crudos relatos de su víctima, o la indignación popular para impedirlo. Pesaron más las fotos que circularon en las redes sociales del protegido chofer, abrazado con el Gobernador Alberto Weretilneck en su despacho de la Casa de Gobierno. El bloque de la UCR, manifestó al respecto que “no se puede soslayar la inacción absoluta que han demostrado el Consejo de la Niñez y Adolescencia y la Secretaría de Derechos Humanos frente a un tema tan sensible y de tamaña envergadura para lo cual no podrán argüir a su favor desconocimiento alguno”.
Los informes de organismos internacionales revelan que 1/4 de las niñas y 1/20 de los niños han padecido Abuso Sexual Infantil. En la Argentina en promedio, cada dos horas es abusado un menor. Todos los años se reclutan cerca de 5.000 niños para lucrar con la pornografía infantil, el turismo sexual y la prostitución infantil. Los abusos crecieron durante 2013 un 15% adicional después de triplicarse durante los últimos 3 años, el número de varones abusados está llegando a equiparar al número de niñas. Según la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Violación sólo en Buenos Aires se registra unas 3.000 violaciones anuales de las cuales el 80% involucra a menores de edad, se estima que sólo el 10% de los casos son denunciados por los efectos del chantaje, temor a nuevos actos violentos o a la estigmatización social. Sobre las denuncias registradas en el REUNA de la Provincia de Buenos Aires el 51% de las víctimas tenía entre 12 y 17 años, mientras que el 32 % entre 6 y 11 años.
La enunciación de otros hechos igualmente graves podría extenderse confirmando las relaciones entre perversos que operan bajo la fachada de emprendimientos truchos o actividades deportivas, partidarias, religiosas o esotéricas y el poder político. A través de la historia, desde los dementes como Calígula al sátrapa Silvio Berlusconi, pasando por confeso pederasta obispo líder de los Legionarios de Cristo Marcial Maciel, la perversidad ha sido una característica de los que se acercan a los espacios de poder para gozar con la violación sistemática de todas las normas legales o éticas existentes. Para ello utilizan los mecanismos y resortes que brindan las posiciones privilegiadas, de modo de obtener sus fines sin tener que asumir las consecuencias
Para superar esta inercia contraria a cualquier perspectiva ética, será necesario dar respuesta a múltiples interrogantes inexcusables que legítimamente reclaman el compromiso de las respectivas autoridades rionegrinas, como son los siguientes:
¿Dónde están los registros de los casos, localizaciones, tendencias evolutivas, etc. que informen sobre el flagelo del abuso sexual infantil en la provincia? Frente a la gravedad e intensa tasa de crecimiento del problema ¿Cuáles son los presupuestos y el personal especializado asignado específicamente al tema a lo largo de la Provincia y cuáles son las metas definidas para su trabajo? ¿A quienes informan las intervenciones realizadas en el terreno a través de planes o programas educativos, sanitarios, sociales, de derechos humanos, etc.? ¿Quiénes auditan el impacto obtenido de dichas actividades en el hipotético caso en que se estén llevando a cabo? ¿Cuáles son los protocolos que se aplican para la detección temprana de casos de abuso en las escuelas, organismos de seguridad y centros sanitarios? ¿Cuáles son las formaciones que se han brindado para dotar de recursos a los niños y adolescentes frente a tentativas de abuso sexual? ¿Cuál el esquema formativo para docentes y agentes sociosanitarios orientada a la detección temprana, tratamiento y reinserción de las víctimas? ¿Cuántos de estos niños y adolecentes, se han suicidado, se refugian en el alcoholismo, padecen fobias o adicciones, crisis de angustias o depresión? ¿Cuántos se fugaron de su hogar, abandonaron los estudios, se contagiaron venéreas o quedaron embarazadas siendo niñas? ¿Qué auxilios se presta y bajo que plan o protocolo de intervención se asiste a las víctimas identificadas, sus familias y sus grupos de relación? ¿Ha tomado intervención Salud Pública, Desarrollo Social, etc. para brindarles tratamiento psicológico individual y familiar, a los menores abusados, incluidos los que se encuentran limitados en su libertad? ¿Qué oportunidades de reinserción académica, laboral y social, se les ofrece? ¿Cómo se indemnizarán económicamente, los daños ocasionados a los perjudicados? ¿Cómo se puede apreciar el grado de prioridad presupuestaria de la inversión social dirigida a la infancia y a sus grupos de riesgo? ¿Cuál es el motivo por el qué no se dan a publicidad alternativas de abordaje, centros de ayuda, programas de apoyo? ¿Qué pasará con el detenido y con la comprometedora información que podría poseer sobre las redes de pederastas que abastecía? Considerando la sensible información que podrían poseer los procesados con prisión preventiva, respecto de personas de alto poder adquisitivo y elevada posición política ¿Qué previsiones especiales se han tomado para evitar la repetición de los sospechados decesos del caso Schlageter Boulton, en Bariloche, cuando el poderoso empresario venezolano acusado de pederastía se suicidó de un tiro mientras gozaba de prisión domiciliaria, en tanto que la otra implicada coincidentemente también se suicidó con una sabana en la Alcaidía local, obturando una investigación que podría comprometer a mucha más gente poderosa? Corresponde la pregunta en una provincia que en seis años lleva 11 menores muertos en Comisarías en circunstancias confusas. ¿Qué sanciones recibirán quienes tienen como misión específica la prevención y persecución de estos delitos y dedicaron sus tareas de “inteligenzia” a la persecución política? ¿Nadie advirtió que el pederasta de San Antonio tenía varias armas sin portación autorizada en su poder con las que amedrentaba a sus víctimas? ¿Ninguno de los cómplices del silencio escuchó ni vio nada, nadie consideró llamativo el tránsito de tantos adolescentes en ese local a todas horas? ¿Los fiscales que tienen una instrucción mediante resolución específica de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó de investigar, en los juicios por delitos de lesa humanidad, los casos de abusos sexuales cometidos durante el Terrorismo de Estado, siguen con el mismo celo lo que les ocurre a los nuevos “desaparecidos sociales” en San Antonio? ¿Qué posiciones piensan adoptar las autoridades municipales y legislativas provinciales y nacionales enzarzadas en la trascendente discusión sobre la conveniencia y oportunidad de extender la costanera de Las Grutas?
La indiferencia, la falta de planeamiento y ejecución de estrategias de intervención de parte de todos los sectores con competencias responsabilidades e intereses sobre el destino de la niñez y la adolescencia debe cesar. Es urgente habilitar y participar de un debate exhaustivo que rescate a nuestros hijos del torbellino de abandono, marginación y violencia que la negligencia y la ineptitud han permitido y que conduce a la profundización de las tendencias inerciales actualmente en desarrollo en perjuicio de lo más valioso, de nuestro compromiso vital hacia el futuro, nuestros jóvenes.
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