En el portal de internet de la Legislatura provincial leo con interés que hace referencia a un tema preocupante en estos tiempos por la cantidad de casos: el abuso sexual infantil.
El portal en su interior señala que, al 9 de junio de 2015, 19.000 estudiantes han recibido información sobre el tema. Pero en la realidad de los hogares hay silencios y la temática requiere mayor difusión en los medios, desde el Estado y aun los mismos medios de comunicación que exponen lo que algún funcionario permite que se sepa o las víctimas o sus representantes hacen posible. En ocasiones se silencia a las víctimas y a los abusadores.
Oportunamente he acompañado a una madre de una menor abusada en la amarga tarea de lo judicial. El abusador, docente de profesión, padre de otros niños, de cercanía familiar con la pequeña, observo que resulta más protegido que la víctima. Siempre invocando el principio de inocencia que la Constitución sanciona. De él no hay tantas dudas interpuestas. Mantiene imagen e integridad. No obstante no concurrió a hacerse el psicodiagnóstico solicitado por la defensora del Niño, el Adolescente y la Familia y, como la Justicia no lo obliga, no lo realizó alegando su abogado la estrechez de los tiempos de la comunicación de pedido de la pericia.
Al ser un delito de instancia privada, su abogado insiste en no menoscabar el principio de inocencia. Ahora yo, ciudadana y contribuyente, a la luz de la ley de Protección del Niño, el Adolescente y la Familia me pregunto: ¿quién protege a los niños de estos individuos? ¿El Estado no debe agotar las instancias para demostrar que la integridad psicológica del acusado está resquebrajada al cometer tales hechos? ¿Acaso la relación de desigualdad respecto de la edad de la víctima no obliga a extremar la testimonial para obtener más información sobre su personalidad? ¿El abuso sexual infantil no es acaso un drama social que genera angustia e interrogantes que pueden modificar la personalidad de la víctima y la relación con su entorno familiar ?
Si el Estado tiene interés en perseguir este delito por el interés social, ¿por qué la menor es sometida a la cámara Gesell y el victimario circula libremente sin una comprobación profesional del estado de su psiquis?
La desnaturalización de conductas inapropiadas es la tarea de la Defensoría, del Estado provincial, de los padres y de los docentes (quienes en primer término entran en contacto con el tema). Tienen tareas pendientes para que toda la comunidad sepa y pueda adelantarse en la prevención del abuso sexual infantil y otras formas del maltrato a los niños. El Consejo Provincial de Educación no debe mirar para otro lado en este punto y sí actuar con premura. Hay demasiada coincidencia de estos hechos en el sistema educativo.
La necesaria referencia a lo sexual de las relaciones humanas, como lógico inicio de sus perversiones (que en ocasiones aparecen en las crónicas policiales), requiere separar lo sexual de la genitalidad, que aún mucha gente confunde, encontrarse con un "otro" en otro espacio y que dispare conductas sexuales perversas, de consecuencias inimaginables en un niño; son cuestiones preocupantes y en estos tiempos de los derechos humanos se espera que los humanos tengan conductas razonables y propias de los adultos conducentes al cuidado, la contención y la protección del menor.
Los jueces tienen la palabra. Su mirada jurídica no debe desproteger al menor y debe castigar al adulto que vulnere la condición natural del niño en su vulnerabilidad y desigualdad frente a alguien que, "escondido, refugiado" en su condición de familiar o de docente, satisface su perversa mentalidad.
En dos años aumentó un 62% la cantidad de casos de abuso sexual a menores en la provincia, es decir que hay una víctima casi cada 4 días. Estos datos publicados hace una semana en este medio motivaron que varios especialistas se reunieran para debatir sobre esta realidad. En una de las ya tradicionales mesas redondas convocadas por DIARIO DE CUYO, representantes del ámbito gubernamental, judicial, educativo y de la salud hablaron sobre diferentes aspectos de esta problemática y, pese a sus diferencias, coincidieron en que falla la contención estatal de la víctima y de su familia durante el período que transcurre entre que se realiza la denuncia del delito hasta, al menos, la realización del juicio. Del encuentro, que duró dos horas, participaron el juez de Instrucción Benito Ortiz; Juan Carlos Noguera, juez de Paz de 9 de Julio; Marcelo Bartolomé, secretario social de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia; Clarisa Boto, secretaria del recientemente inaugurado Órgano Coordinador de Seguimiento, Evaluación y Prevención de la Violencia Familiar; Amelia Agüero, docente en zona rural; Silvia Pugliese, psicóloga y coordinadora del Comité de Maltrato Infanto-Juvenil del Hospital Rawson; y Graciela Martínez, trabajadora social que se desempeña en el Centro de Salud Báez Laspiur, en Chimbas.
La charla no sólo tuvo como eje el aumento de casos de abuso sexual a niños. El debate fue mucho más allá y hasta se discutió sobre la contención que da el Estado tanto a la víctima como a su familia. Los participantes concluyeron en que la misma falla, al menos, en el período que va desde que se denuncia el hecho hasta el inicio del juicio. Hicieron esta evaluación teniendo en cuenta las características comunes de la mayoría de los casos de abuso infantil según lo que ellos ven en su trabajo diario: ocurren en el seno de una familia numerosa de muy escasos recursos; el abusador es el padrastro del menor y es el sostén de la casa. “No hay una protección integral del niño y de su familia desde que se judicializa el caso. Falta, por ejemplo, hasta una contención económica por parte del Estado. Cuando se lleva a prisión al abusador, la familia de la víctima se queda sin el sustento que el sujeto proveía. A veces viene la mamá con el niño abusado para hacer la cámara Gesell sin siquiera haber desayunado. En el juzgado le damos un desayuno porque cómo puede el niño prestar atención a las preguntas que le hacen los profesionales si está pensando en el hambre que siente. Muchas veces también le damos dinero para el colectivo para que regresen a sus casas porque tampoco tienen”, dijo el juez Ortiz.
Por su parte el juez Noguera dijo que también es “testigo de esta falta de contención” durante esta etapa y sin que haya una solución. “No veo que los municipios se involucren tampoco en la contención y asistencia de la víctima y su familia”, sostuvo el magistrado.
“Los chicos abusados, por lo general, no vuelven a la escuela después de que se denunció su caso”. Lo dijo Amelia Agüero que es docente en una escuela que está en Médano de Oro. Agregó que las víctimas dejar de ir a clase por vergüenza. “Cuando el caso se denuncia y se detiene al abusador se vuelve conocido en la comunidad los niños sienten mucha vergüenza y no quieren salir de sus casas. El Estado no se encarga de saber si va a clase o de su revinculación con la escuela. A veces somos los docentes por voluntad propia quienes nos encargamos de ir a buscarlos”, dijo la docente.
Silvia Pugliese, la psicóloga, agregó que durante la etapa mencionada no se hace un seguimiento de que el menor abusado esté recibiendo contención psicológica. “Se les da los medios para que accedan a la terapia, pero también a veces por cuestiones económicas la abandonan. Y hay que destacar que un chico abusado puede salir del trauma con la terapia y recuperar su vida”, concluyó la especialista.
En tanto que la trabajadora social, Graciela Martínez, agregó que “es verdad que no hay un seguimiento de la contención de la víctima y de su familia”. Y que a veces son los organismos más chicos quienes se encargan de ese tema. “Cuando en el Centro de Salud Báez Laspiur detectamos un caso de abuso lo comunicamos a las autoridades competentes, pero no nos desligamos. Visitamos a la familia de la víctima, nos informamos cómo está el menor. Esto lo hacemos incluso hasta después de que el juicio se resuelve y el abusador es condenado porque tanto la víctima como su familia quedan en un estado de vulnerabilidad importante. Es la política de trabajo que seguimos en el Centro”, dijo Martínez. “Hay fallas en la contención, pero trabajamos para aceitar todo y que funcione lo mejor posible tanto para el niño abusado como para la familia”, dijo Marcelo Bartolomé, de Niñez, luego de escuchar a los demás integrantes de la mesa. Agregó que cuando la Justicia se hace cargo del caso, desde Niñez se trata de contener a la familia y a la víctima, “pero algunos aspectos se escapan”. “Desde que se judicializa la causa hasta que el niño va a la Cámara Gesell pueden pasar dos o tres meses. En ese tiempo su familia tiene que tratar de no hablarle del tema, pero es muy difícil en ese sentido. Podemos darle contención psicológica pero no podemos estar en su casa todo el día para que esto no suceda. Hay que ver la manera de superar este aspecto y estamos trabajando en ello”, sostuvo el funcionario.
Clarisa Boto también admitió que “hay mucho por mejorar, en pos de la contención y bienestar de la víctima de abuso y de su familia”. Dijo que con eso objetivo se conformó el pasado 16 de septiembre el Órgano Coordinador de Seguimiento, Evaluación y Prevención de la Violencia Familiar, aunque todavía no se ha concretado “ninguna política de acción al respecto”, “Tenemos que trabajar en el abordaje integral de la familia. Tenemos que pensar en la víctima, en su madre, en sus hermanos, en cómo se reintegra ese chico en la escuela, entre otras cosas. Hay que repensar y fortalecer el método de trabajo y desde diferentes ámbitos por eso este Órgano está formado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, sostuvo Boto.
MÁS ANIMO DE DENUNCIA
Los profesionales también coincidieron al afirmar que no saben a ciencia cierta si hay más casos de abuso sexual infantil. Sí que ahora se denuncian más. Agregaron que este ánimo de denuncia se debe al trabajo coordinado entre los organismos intervinientes que hace que la gente se anime a revelar estos hechos.
“Los docentes y médicos son actores fundamentales en detectar y dar aviso de casos de niños abusados. A mi juzgado se acercan las maestras en forma permanente para informarme sobre estos casos o de otro referido a violencia familia”, dijo el juez Noguera. Un protocolo de acción y la capacitación permanente de los empleados estatales es para Marcelo Bartolomé “una de las razones por las cuales la comunidad se anima más a denunciar este tipo de casos”. “La gente debe saber que este delito es de orden privada por lo tanto sólo puede ser denunciado por el apoderado legal del menor (padre o madre), sino por la asesora de menores. Nadie más puede denunciarlo, sí puede darlo a conocer”, dijo el funcionario.
Amelia Agüero, contó que hace un tiempo llegó a todas las escuelas la Guía Federal de Educación que dice cómo se debe actuar ante un caso de abuso o de violencia y que el Ministerio de Educación de la provincia capacitó a todos los docentes en este tema. “Los maestros ya sabemos interpretar algunas señales de abuso sexual en los alumnos, por ejemplo, que a pesar de hacer calor se abrigan mucho para ocultar y proteger su cuerpo”, dijo. Por su parte, Graciela Ramírez dijo que en el Centro de Salud donde trabaja también se manejan con un protocolo para dar aviso de un caso de abuso sexual infantil, y que para ello es fundamental el trabajo de todos los profesionales. “Los pediatras y enfermeros están capacitados para determinar cuándo la herida que tiene el niño no fue producto de una caída sino de un golpe. O que el nerviosismo que muestra a la hora de que el médico le levanta la remera para revisarlo puede ser un síntoma de abuso. De inmediato se comunica el caso a Niñez para su intervención”, agregó la especialista.
Clarisa Boto agregó que “es importante trabajar en la prevención de estos casos de manera integral, que es lo que se pretende desde el Órgano Coordinador, aunque aún no se ha determinado la forma de hacerlo”.
El juez Ortiz remató diciendo “lo importante es que, al menos, se está empezando a trabajar en el tema”.
El muestreo estadístico parcial de la Asesoría de Menores Incapaces Nro 2, realizado con datos del sistema de cámara Gesell, y sin incluir las cifras de la Asesoría Nro 1 ni los de la Segunda Circunscripción Judicial, de Jáchal e Iglesia, demuestra que en San Juan cada cuatro días hubo un chico abusado. Esas cifras son parte de una dolorosa verdad que antes se ocultaba y que hoy, progresivamente, va saliendo a la luz.
Si bien se va modificando la tendencia a callar en vez de denunciar, todavía se estima con fundamento que en este tipo de delitos es más lo guardado por las víctimas que lo revelado a las autoridades policiales. También que es en el ámbito intrafamiliar en el que se produce el mayor número de agresiones y, frecuentemente, los victimarios son los padres, padrastros, abuelos o tíos de las víctimas.
Este delito aberrante no se produce sólo en una clase social, sino que se presenta tanto en familias marginales como en las de niveles económicos medios y altos. Inciden en las primeras el hacinamiento y la promiscuidad; en las segundas, suelen ser factores desencadenantes el alcohol y las drogas. Lo cierto es que, en el perverso drama que se desarrolla en un escenario doméstico, todos sus miembros quedan comprometidos por acción u omisión, tanto por quienes cometen el abuso y los que lo toleran y callan.
Un capítulo aparte reclama el tratamiento por seguir con los culpables, aún después de haber cumplido con su condena. Se suele citar el antecedente de la denominada ley Megan, dictada en EEUU en 1996, que autorizaba la publicación en un sitio web de los datos personales de quienes hubieran sido penalizados por esa causa. La cuestión es compleja; lo indiscutible es la necesidad de proteger al menor.
El abuso sexual infantil es una abominable conducta que deja secuelas que los marcan para toda la vida. Las víctimas pueden presentar alteraciones en las áreas afectivas e intelectuales: conductas agresivas, miedo, timidez, problemas de aprendizaje, fobias, pesadillas, depresión, baja autoestima y rechazo escolar, entre otras.
El abuso sexual infantil conmueve y a veces paraliza. No debería ser así: la conmoción, en lugar de paralizar, debe actuar como un mandato que no debe dejar al margen a nadie. La indiferencia jamás debe llegar a ser una opción.
Ante sanción de la ley para la implementación del “Protocolo Interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes, víctimas o testigos de maltrato, abuso sexual infantil y otros delitos de La provincia de La Rioja”, surge la necesidad de integrar acciones tendientes a la correcta utilización del mismo dentro de nuestro departamento, por lo que los representantes de la Red Interinstitucional de Chilecito invitaron a las instalaciones de la Zona Sanitaria III, a la comisión que participó en la elaboración del mismo a los fines de, no solo coordinar capacitación y plantear la problemática de nuestro departamento para la implementación del protocolo, sino también, conocerse y abrir las puertas a nuevas y futuras mesas de trabajo. Fin que ha sido alcanzado mediante este encuentro.
La comisión riojana estuvo conformada por la Dra. Judith Díaz Bazán, Coordinadora con UNICEF, Dr. Rodrigo Gaccioppo, Sec. Asistencial del Juzgado de Menores, Dra. Alicia Valdéz, Dir. De Niñez y Adolescencia, Dr. Rodrigo Valls, Coordinador Gral. De Niñez y Adolescencia, Dra. María Celia Márquez, Dirección de Materno Infancia, Dra. Mabel Deambrogio, Hospital de la Madre y el Niño, y Comisario Sonia Romero. También, formó parte del encuentro, la Ministra de Desarrollo Social y candidata electa a Intendenta, del Dpto. Chilecito, Prof. Silvia Gaytán .-
Fundamentos de su conformación
A partir del año 2010, la Jefa de la Zona Sanitaria III, Farm. Sonia Bosetti, a consecuencia de la incidencia de suicidios en nuestro departamento, implementa en el ámbito sanitario la conformación del equipo interdisciplinario de salud mental, para la asistencia a niñas, niños y adolescentes.
Desde el inicio de la actividad terapéutica, se visualizó la necesidad de articulación con las distintas instituciones del medio, a tal efecto, se coordina actividades de intervención con Asesoría de Menores, policía, juzgados de instrucción, Cámara Civil y demás instituciones de acuerdo a la problemática abordada.-
En el presente año y una vez consolidados los equipos técnicos, fue unánime la solicitud de coordinar la asistencia de las diferentes problemáticas sociales, considerando que la intervención en RED es actuar desde un conjunto de políticas de intervención, recursos humanos y actividades relacionadas a cada problemática; tomando como objetivo central, garantizar un acceso equitativo de la población a los servicios de asistencia, orientando los mismos al cumplimiento en tiempo útil y oportuno de la necesidad planteada.-
Instituciones que la conforman la Red Interinstitucional:
- Juzgado de instrucción.-
- Asesoría de menores
- Consejo de la mujer/género
- Zona Sanitaria III-
-Equipo Interdisciplinario de Salud Mental Zona Sanitaria III
- Seguridad: Jefe de comisaría- Comisaría del Menor y la Mujer
La senadora de Entre Ríos por el Frente para la Victoria, Sigrid Kunath, manifestó que "la respuesta a la víctima de abuso sexual infantil no puede ser negativa" al participar en Resistencia de un debate sobre su proyecto de ley con media sanción en el Congreso que establece "la imprescriptibilidad de delitos contra la integridad sexual" de menores. En una charla propiciada anoche por el Espacio de Género de la Agrupación Colectivo Nacional junto con la asociación Justicia Legítima Nordeste en la Casa de las Culturas de la capital chaqueña, la legisladora detalló los avances de la iniciativa respaldada por autoridades judiciales y referentes en temas de los derechos de la niñez.
Kunath valoró la apertura del debate para "visibilizar un tema complejo que durante mucho tiempo fue tabú, pero que entendemos que el único camino es su incorporación en la agenda pública para lograr un involucramiento ciudadano y, así, construir mejores dispositivos de contención".
El proyecto 2288/14, aprobado en el Senado, ya está en la Cámara de Diputados y propone la modificación de tres artículos del Código Penal de la Nación para pedir la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de "quienes valiéndose de un cargo perpetrara este tipos de abusos", además del eje de la iniciativa que incorpora al artículo 62 bis la imprescriptibilidad en delitos contra la integridad sexual en menores.
La senadora recordó la génesis de este proyecto y se remitió a su paso por la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos cuando la aberración y la repercusión que se dieron en casos que tenían como víctimas a niñas y niños motivaron aunar esfuerzos entre el Estado y organizaciones civiles para actuar en consecuencia.
Así, señaló que junto con miembros de la organización "Con Los Gurises No", que también participaron de la charla, avanzaron en la creación de un protocolo de intervención y la creación de un consejo de acompañamiento para víctimas de estos delitos.
"Es un tema muy complejo, que tiene consecuencias brutales y nos parece que cuando la víctima puede asumir el proceso de acudir al servicio de justicia la respuesta del Estado no puede ser negativa con el solo argumento de la prescriptibilidad", consideró.
"Esta ley implica continuar el camino iniciado con lo que se conoce como la 'la Ley Piazza' (que amplía los plazos de prescripción cuando las víctimas son menores)", sostuvo Kunath.
Por su parte, la defensora oficial e integrante de Justicia Legítima Nordeste, Lorena Padován, reflexionó sobre la forma de encarar la atención de quienes sufrieron esta vulneración de derechos y los avances normativos que se dieron en esta rama de la justicia penal.
"La víctima debe ser acompañada en todo el proceso por un equipo interdisciplinario, porque si bien el acceso a la justicia es el asesoramiento técnico, esto no es suficiente porque el intento de reparación del daño causado por un abuso debe ser parte de un trabajo integral", indicó.
En un plano más amplio, consideró que el acceso a la justicia "es un derecho humano", que debe ser más ágil cuando se trata de menores porque "debemos generar esquemas que permitan vencer el obstáculo del temor a la burocracia judicial".
En tanto, la psicóloga Silvana Pérez, con vasta experiencia en la atención de casos de abuso sexual, señaló que para una víctima la condena implica la "posibilidad de generar un proceso de restitución de un orden de legalidad que fue alterado con el abuso".
"Un abuso significa un acto de disimetría que ataca la condición subjetiva de un niño, que alteró su orden de la legalidad y generó una situación traumática que puede prolongarse por el resto de la vida, por lo que nos parece importante contar con estas herramientas y garantías sociales y jurídicas que buscan la reparación del daño", opinó.
Además, participaron de la mesa de debate la psicóloga Carolina Fule e integrantes de la organización "Con los Gurises No", que consideraron que el proyecto puede contener también los delitos de pedofilia y pornografía infantil. Como moderador actuó el fiscal federal especial en Derechos Humanos, Diego Vigay.
En defensa de la integridad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, debemos apoyar y reconocer el avance obtenido con la media sanción del proyecto de ley de Imprescriptibilidad de Delitos Sexuales contra Menores de Edad por parte del Senado de la Nación, y promovemos su aprobación en la Cámara de Diputados.
La imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad es un tema que ya no puede ser postergado o ignorado. Cotidianamente, los medios dan cuenta de la cantidad de niñas, niños y adolescentes que son víctima de abuso sexual en nuestro país.
Los delitos contra la integridad sexual de menores suelen producirse en ámbitos privados, por lo cual los medios de prueba frecuentemente son escasos, y la experiencia nos indica que en reiteradas oportunidades niñas y niños no son escuchados, se les niega la posibilidad de acceder a la Justicia y deben superar estándares de prueba cada vez más altos para poder lograr condena para los agresores.
Aún resta mucho camino por recorrer, debemos trabajar fuertemente para que los niños y las niñas no sean revictimizados por los propios organismos de protección y las instituciones de salud. Es allí donde muchas veces reciben atención inadecuada, por falta de experticia, o peor aún, por negligencia.
Como sociedad, no podemos permitir la impunidad de los victimarios. Las heridas de las víctimas no comenzarán a sanar hasta que no medie la justicia en sus vidas. Es imprescindible respetar el tiempo de elaboración subjetiva de cada persona y la edad no puede ser una limitante para acceder a la justicia, ya que de niños muchas veces les resulta impensado hablar del tema o no tienen el espacio para poder hacerlo, lo que les permitiría salir de este tipo de situaciones donde hay una clara violación a los derechos personalísimos, o reducir considerablemente los daños.
En este sentido, el Dr. Carlos Rozanski, Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata y reconocido especialista en la temática, señala que “no existe un estudio que determine cuántos años pasan entre que un niño o niña es abusado y puede verbalizarlo, incluso es algo que a veces no sucede jamás. Lo que sí sabemos es que por las características propias del delito esta denuncia nunca es inmediata”.
Muchos especialistas coinciden en que el abuso sexual es una de las peores formas de maltrato, por constituir uno de los traumas psíquicos más intensos con consecuencias destructivas para la estructuración de la personalidad en el niño, y con el agravante de que en la mayoría de los casos no media denuncia alguna, debido al silencio e impunidad que caracteriza estos casos.
El abuso sexual infantil debe ser un tema de interés público y por las características particulares de este aberrante delito (contra la inocencia de los niños y niñas), debe avanzarse en la declaración de su imprescriptibilidad. Por el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Poder Legislativo Nacional debe instar las acciones necesarias para avanzar en el tratamiento del mencionado proyecto de ley y, una vez aprobada, se deben establecer los mecanismos que permitan un efectivo cumplimiento de la norma.
Alejandra Perinetti
Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina
El Colegio de Psicólogos de la provincia difundió el protocolo de actuación en situaciones de abuso Sexual Infantil. Aunque en Argentina no existen datos oficiales, se estima que 1 de cada 5 niños y niñas son abusados antes de los 18 años. Las instituciones que participaron en la elaboración del documento fueron el Poder Judicial, los Ministerios de Defensa, de Salud, y de Gobierno, COPNAF, el Consejo General de Educación y Policía. De acuerdo al informe de UNICEF, de cada 1.000 abusos que se comenten se condena a uno solo. Ante la consulta sobre el por qué se difunde cinco años después de su aprobación, desde la Regional Concordia del Colegio, Gustavo Anzardi destacó a DIARIOJUNIO que: “Es un refuerzo en la difusión, porque lo creemos necesario ya que la problemática siempre esté vigente”. El documento invita a los medios de comunicación se adapten al mismo.
A nivel mundial, Unicef estima que 1 de cada 10 niñas son víctimas de violencia sexual. En Argentina no existen datos oficiales, pero se estima que también 1 de cada 5 niños/as son abusados por un familiar antes de los 18 años. Aunque la mayoría de los estudios indican que las niñas son las principales víctimas (en un 70% aproximadamente), también los niños sufren este tipo de agravio. En nuestro país, la familia es el principal ámbito donde se da la violencia sexual, según señalan en la guía que aborda la problemática. El 55% de los abusos suceden en la propia casa, y sólo el 16% de los chicos pide ayuda. Los que callan sienten vergüenza, tienen miedo a ser señalados o a sufrir represalias de sus agresores.
De acuerdo al informe de Unicef, de cada 1.000 abusos que se comenten se condena a uno solo: las penas se aplican, generalmente, cuando el agresor es de bajos recursos económicos. La mayoría de los casos que suceden en la clase media y alta permanecen en la impunidad, según señalan los especialistas, que sostienen que la problemática atraviesa a toda clase social, y no siempre es fácil de detectar.
El Colegio de Psicólogos destaca sobre el Protocolo que Entre Ríos es una de las pocas provincias que posee un instrumento de estas características desde el 2010. El documento de actuación para en situaciones de presunto Abuso Sexual lnfantil (ASI), fue aprobado por Decreto 2405/10 y es producto de una construcción participativa entre varios sectores del Estado y organizaciones de la sociedad civil.
Ante la inquietud sobre por qué el Colegio de Psicólogos tomaba la posta para difundir este tipo de documentos. Anzardi alegó a DIARIOJUNIO: “No veo por qué otras instituciones no lo hacen (difunden); en este caso el Colegio toma la posta porque creemos es necesario tenerlo presente”. La institución además invita a los medios de comunicación a interiorizarse, sobretodo por la difusión de los recientes casos.
El objetivo principal del protocolo es evitar el proceso de re victimización de los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual y promover redes de trabajo interdisciplinaria e interinstitucional. “Esta herramienta está para que la utilicen los organismos de salud, la policía, los psicólogos, todos los que están involucrados en este tipo de caso” se señaló el titular del Colegio en Concordia, a este medio.
Asimismo en el llamado a la difusión se convocó a los medios de comunicación y sus responsabilidades a la hora de informar sobre determinados casos.
El Protocolo se puede consultar en el siguiente link: http://www.entrerios.gov.ar/guiaantelaviolencia/protocolo.php
