La Cámara Alta en la sesión de ayer, transformó en ley el proyecto que establece la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil, ampliamente debatido en la Comisión de Justicia del Senado, que preside el senador Guillermo Guastavino (FPV). La iniciativa, autoría de la legisladora Sigrid Kunath (FPV), fue aprobada en Diputados con modificaciones, establece la suspensión de la prescripción “mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad” y a su vez “incorpora el delito de trata de menores, dentro de los contemplados en la suspensión de la prescripción”, según información enviada a DIARIOJUNIO.
Como miembro informante, Guastavino resaltó: “Entendemos que por más que se modifica el proyecto original, la versión de diputados constituye un importante avance en la protección de los menores contra el abuso sexual y consideramos un gran aporte la inclusión de la trata de personas”.
“Me parece importante destacar los esfuerzos que este Congreso ha hecho para sancionar la Ley 26.705 por la que se modificó el plazo de prescripción de la acción penal estableciendo que la misma comienza a correr luego de adquirida la mayoría de edad, y que ha resultado un gran avance en materia de tutela de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, pero entiendo que la realidad nuevamente nos impone un cambio y este proyecto representa ese cambio”.
Javier Broggi era funcionario de Urdinarrain y trabajaba en el Colegio Nacional local. Está acusado de haber abusado sexualmente de los hijos de sus amigos durante largos años. El caso produjo conmoción y llevó a la creación de la ONG Con los Gurises No.
Por Mariana Carbajal
El juicio contra el ex responsable del Area de Cultura de la ciudad entrerriana de Urdinarrain, acusado de abusar sexualmente de los hijos de sus amigos durante largos años, comenzó ayer en los tribunales de Gualeguaychú. Javier Broggi, quien fuera además secretario del Colegio Nacional local, está acusado de los delitos de “promoción a la corrupción agravada de menores, en la modalidad de delito continuado”, con penas de 10 a 15 años de prisión. En la primera jornada del debate oral y público, declararon como testigos tres de las víctimas –dos son querellantes, todos mayores de edad–, un familiar de otra, un policía que participó del allanamiento en la casa de Broggi y un perito informático que trabajó sobre el material secuestrado. El caso, que conmueve al pequeño pueblo sojero, llevó a la creación de la ONG Con los Gurises No, que trabaja desde entonces contra el abuso sexual infantil. Con carteles, muchas de sus integrantes, madres de víctimas, esperaron a Broggi a la salida del Tribunal: “Hijo de puta, abusador”, le gritaron. El acusado prefirió bajar la vista y no responder. Tampoco a la prensa, que por disposición de los jueces no tiene permiso para ingresar a la sala de audiencias, a pesar del pedido de los familiares y las víctimas para que pudieran seguir el debate.
En total fueron citados unos 18 testigos. Hoy está previsto que declaren los que restan, entre ellos, dirigentes políticos de Urdinarrain como el ex intendente Alberto Monracco, docentes que se desempeñaron en el mismo colegio que Broggi, familiares de víctimas y peritos psicológicos y psiquiátricos. El jueves podrían ser los alegatos. Broggi fue funcionario municipal hasta 2008, cuando salieron a la luz estos hechos que se le imputan. El tribunal está presidido por la jueza Alicia Vivian y se completa con los vocales Alberto Seró y Mariano Martínez.
Al comenzar la audiencia, las partes acusadoras dieron cuenta de los hechos investigados. Broggi llega a juicio acusado por los abusos cometidos presuntamente contra dos jóvenes cuando eran adolescentes, entre 2002 y 2003. Pero en realidad, sus víctimas serían muchas más –se calculan alrededor de 40, entre 1988 y 1995– aunque la mayoría prefirió guardar silencio y no denunciarlo. En esos casos, además, los delitos que se le podrían imputar estarían prescriptos, tal como informó este diario.
El fiscal coordinador, Lisandro Beherán, detalló: “Broggi, aprovechando su función en la municipalidad, montó una escena en la que ofrecía sesiones fotográficas para eventos que no existían y sólo tenían como fin acercarse a las víctimas”. El fiscal precisó que llevaba a sus víctimas a la Estación de Trenes de Urdinarrain –donde él mismo había montado un centro cultural–, para tomarles fotos con trajes de “dioses romanos o curas”. Luego les pedía que se cambiaran de ropa y les ofrecía prendas muy pequeñas, por lo que los muchachos quedaban casi desnudos. En ese contexto los abusaba. También, en la casa del imputado, donde les exhibía material pornográfico. En el alegato se habló de manoseo y tocamientos reiterados que “afectaron el libre desarrollo de la sexualidad” de las víctimas.
El juicio tiene lugar en los tribunales de Gualeguaychú, a 56 kilómetros de Urdinarrain. El caso fue revelado en su momento por la revista Análisis Digital, que dirige el periodista Daniel Enz. Urdinarrain tiene unos 10 mil habitantes. Conocer lo que había pasado con tantos chicos “generó una gran conmoción”, contó a este diario Norma Romero, ex rectora del Colegio Nacional del pueblo y ex concejal, en tiempos en que Broggi era secretario en ese secundario y además funcionario municipal. A partir de que se destapara el caso, ella junto a madres de algunas de las víctimas –que con sus esposos eran íntimos amigos de Broggi– impulsó la creación de una ONG, Con los gurises no, que trabaja en la zona para concientizar sobre el abuso sexual infantil.
La querella coincidió con la exposición de la Fiscalía y remarcó la condición de funcionario público que ostentaba Broggi. “Las víctimas llegaron a tomarse esos hechos como algo ‘normal’”, subrayó la abogada Estela Esnaola. La defensa rechazó las imputaciones. Y adelantó que pedirá la absolución por prescripción.
Las tres víctimas dieron detalles de los hechos, de cómo los habían marcado en su vida, de la confianza que le tenían. Una mujer, familiar de una de las víctimas, ex vecina de Broggi y también ex compañera de trabajo, contó a los jueces cómo se enteró de los abusos. Dijo que la llamó su hermana para decirle que su sobrino había sido abusado por Broggi. “Fue un shock porque me crié con Javier y siempre nos mantuvimos cercanos”, señaló. Refirió a la primera reacción de los padres del joven. “La mamá tuvo una crisis de llanto y el papá quiso ir a pegarle, pero lo frenamos.” La testigo recordó que hablaron con una concejal del pueblo, quien luego le contaría lo sucedido al intendente. Esa edil también lo encaró a Broggi y le preguntó si era un pedófilo. “Según los dichos de ella, él le reconoció eso, agregó que hacía esas cosas desde los 15 años y que había abusado de muchos, muchos niños.”
La audiencia del juicio se realizará el 18 de noviembre en el Tribunal Oral Criminal N°2 de Dolores, ubicado en Alberdi N°137, donde la niña fue citada en calidad de "testigo" ofrecida por la fiscalía que investiga la causa, confirmaron fuentes judiciales.
"Mi hija es víctima de este sujeto que abusó de ella en reiteradas ocasiones. Desde muy pequeña ella contó lo que su papá le hacía, se lo contó a muchas psicólogas, tuvo nueve peritajes y todos dieron positivo a abuso, no la pueden someter a contar todo una vez más, frente a jueces y al abogado defensor", expresó a Télam I.M., mamá de la víctima quien prefiere resguardar su identidad.
I.M. se separó del padre de la niña cuando ella tenía 8 meses y las sospechas de abuso comenzaron a los dos años y medio, cuando la pequeña comenzó a expresar algunas de las situaciones a las que su papá la sometía.
La mujer comenzó a pedir ayuda desde entonces, pero fue recién en 2009 cuando realizó la denuncia penal asesorada por el servicio local de la localidad bonaerense de Pinamar, tras un hecho relatado por la niña que no dejaba lugar a dudas.
Desde entonces, la pequeña relató ante nueve psicólogos especializados y todos coincidieron en el diagnóstico de abuso.
"Las pericias eran claras y todas coincidían. No se entiende por qué la justicia está demorando tanto en dictar una sentencia", recordó Patricia Gordon, coordinadora de la organización EnRed y psicóloga especializada en abuso sexual infantil (ASI), quien hace cinco años realizó una evaluación de la nena.
Y añadió que "exponer a la niña a declarar en una audiencia oral es una aberración psicológica y jurídica, es absolutamente revictimizante no sólo por lo que debe volver a contar, que ya contó, sino por el contexto, esto vuelve a ocasionar un trauma".
Aunque sin brindar ningún detalle de la investigación para resguardar a la niña, la Asesora de Incapaces de Dolores que la representa, María Angela Salim, aseguró que "se están pidiendo todas las medidas de protección necesaria" y afirmó: "Que esté citada no implica que se la obligará a declarar".
Como los delitos fueron cometidos en General Madariaga y Pinamar, el juicio se lleva adelante en Dolores, donde no hay Cámara Gesell, que es una habitación acondicionada para la declaración de testigos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como los niños, niñas y adolescentes o las víctimas de trata, entre otras circunstancias determinadas por la ley.
"Una pregunta que habría que hacerse es por qué un departamento judicial como Dolores no tiene una Cámara Gesell, cuando se trata de acondicionar una habitación separada de otra habitación más pequeña con un vidrio y un mínimo sistema de micrófonos", afirmó Gordon.
Pero el departamento de Dolores no es el único sin este dispositivo, según describió a Télam Juan Pablo Gallego, el abogado que representó a los niños abusados por el sacerdote Julio César Grassi: "En los tribunales de San Martín tampoco cuentan con Cámara Gesell, hace poco tuve un juicio allí y tuvimos que utilizar las dependencias de los tribunales de Lomas de Zamora que sí tienen".
En Argentina la forma de declarar se rige por los códigos de procedimientos: "A nivel nacional fue cambiado a partir de la ley 25.852 y se prohibió específicamente que los niños, niñas y adolescentes sean entrevistados por jueces, fiscales o personal policial", detalló a Télam el juez platense Carlos Rozanski, redactor de la normativa.
El magistrado indicó que esto rige en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y en los federales, y que luego cada provincia modificó su código de procedimientos para adaptarlo a la 25.852.
"En el caso de la provincia de Buenos Aires, si bien no se tomó exactamente la ley nacional, lo que hay que tener en cuenta es que existe un artículo en la Convención Internacional de los Derechos del Niño que dice expresamente que deben ser oídos y para eso se debe generar un ámbito apropiado", sostuvo.
"Es decir que ninguna ley provincial puede ir en contra del bien superior que es el derecho del niño y que está garantizado en la Constitución Nacional desde el momento en el que la Convención tomó rango constitucional", añadió el autor del libro "Abuso Sexual Infantil, ¿silenciar o denunciar?".
"La importancia del contexto a la hora de darle la palabra al niño es central. Si uno pone a declarar a un niño o niña abusado frente a hombres de saco y corbata que le hacen preguntas no le está dando la voz, en realidad lo está silenciando", concluyó.
Recibo un email de change.org. Pide que cada uno de los candidatos se comprometa a decir que va a hacer en favor de los chicos argentinos. Miro las noticias. Siempre un nuevo caso de abuso sexual acapara la atención pública por un par de días antes de diluirse a toda velocidad. Supongo que alguien se debe estar preguntando qué pasa, si ahora hay más casos que hace unos años atrás o si este tema está de moda. Tal vez alguien reflexione erróneamente: “Total, hoy es tan fácil hacer una denuncia y complicarle la vida a un inocente”.
Me pregunto si alguien se pregunta si no será verdad eso que dicen las estadísticas que cada tanto le llegan a la opinión pública: que 1 de cada 5 chicas y 1 de cada 8 varones menores de 18 años fue víctima de conductas sexuales inadecuadas.
Me pregunto si a alguien se le ocurre intentar bajar las estadísticas a la realidad y visualizarlas. Un ejercicio puede ser observar los viajeros y viajeras de un vagón de subte en hora pico, marcar mentalmente a 1 de cada 5 mujeres y a 1 de cada 8 varones. Las víctimas, los y las sobrevivientes. Abuso sexual infantil: un problema complejo de múltiples aristas e implicancias. Una violación de derechos. Un delito. Un problema de salud pública.
¿Qué pasaría si nuestro país –o cualquier país– tuviera que afrontar un problema de salud que afectara a este mismo porcentaje de población infantojuvenil? ¿Qué pasaría si la amenaza fuera el cólera, el dengue o la gripe A?
Como ya nos pasó, se harían campañas a través de los medios de comunicación para que la gente supiera identificar los primeros síntomas y conociera los lugares a dónde se tendría que dirigir para ser asistida. Habría salas de atención primaria preparadas para recibir las consultas y efectuar las derivaciones. Habría hospitales en la segunda línea listos para evaluar, internar y tratar los casos más complicados y servicios de mayor complejidad listos para aquellos todavía más graves.
Toda la sociedad estaría en alerta y contaríamos con una estrategia de niveles de complejidad crecientes y con equipos entrenados para intervenir con eficiencia, para salvar vidas y reducir las consecuencias al mínimo con equipos que no serían solamente sanitarios sino de distintas disciplinas
En la mayoría de los países no hay políticas que tengan en cuenta que el abuso sexual, el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar constituyen un problema de salud pública, que afecta a la salud de las personas, que es una cuestión más compleja que la vulneración y la violación de los derechos. Es un problema sanitario que tiene consecuencias a largo plazo y cuyos efectos no se pueden solucionar si no se le ofrece a la población servicios adecuados tanto para la detección, la evaluación, la intervención como para el seguimiento.
Vuelvo a las noticias del día. Dicen que a 3 meses del #NiUnaMenos se registraron otros treinta femicidios.
(*) Psiquiatra Infantojuvenil y psicóloga. Ex Presidenta de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil (ISPCAN) y autora de libro “Abuso sexual infantil: En las mejores familias”. www.centroderecursos.com.ar
En el portal de internet de la Legislatura provincial leo con interés que hace referencia a un tema preocupante en estos tiempos por la cantidad de casos: el abuso sexual infantil.
El portal en su interior señala que, al 9 de junio de 2015, 19.000 estudiantes han recibido información sobre el tema. Pero en la realidad de los hogares hay silencios y la temática requiere mayor difusión en los medios, desde el Estado y aun los mismos medios de comunicación que exponen lo que algún funcionario permite que se sepa o las víctimas o sus representantes hacen posible. En ocasiones se silencia a las víctimas y a los abusadores.
Oportunamente he acompañado a una madre de una menor abusada en la amarga tarea de lo judicial. El abusador, docente de profesión, padre de otros niños, de cercanía familiar con la pequeña, observo que resulta más protegido que la víctima. Siempre invocando el principio de inocencia que la Constitución sanciona. De él no hay tantas dudas interpuestas. Mantiene imagen e integridad. No obstante no concurrió a hacerse el psicodiagnóstico solicitado por la defensora del Niño, el Adolescente y la Familia y, como la Justicia no lo obliga, no lo realizó alegando su abogado la estrechez de los tiempos de la comunicación de pedido de la pericia.
Al ser un delito de instancia privada, su abogado insiste en no menoscabar el principio de inocencia. Ahora yo, ciudadana y contribuyente, a la luz de la ley de Protección del Niño, el Adolescente y la Familia me pregunto: ¿quién protege a los niños de estos individuos? ¿El Estado no debe agotar las instancias para demostrar que la integridad psicológica del acusado está resquebrajada al cometer tales hechos? ¿Acaso la relación de desigualdad respecto de la edad de la víctima no obliga a extremar la testimonial para obtener más información sobre su personalidad? ¿El abuso sexual infantil no es acaso un drama social que genera angustia e interrogantes que pueden modificar la personalidad de la víctima y la relación con su entorno familiar ?
Si el Estado tiene interés en perseguir este delito por el interés social, ¿por qué la menor es sometida a la cámara Gesell y el victimario circula libremente sin una comprobación profesional del estado de su psiquis?
La desnaturalización de conductas inapropiadas es la tarea de la Defensoría, del Estado provincial, de los padres y de los docentes (quienes en primer término entran en contacto con el tema). Tienen tareas pendientes para que toda la comunidad sepa y pueda adelantarse en la prevención del abuso sexual infantil y otras formas del maltrato a los niños. El Consejo Provincial de Educación no debe mirar para otro lado en este punto y sí actuar con premura. Hay demasiada coincidencia de estos hechos en el sistema educativo.
La necesaria referencia a lo sexual de las relaciones humanas, como lógico inicio de sus perversiones (que en ocasiones aparecen en las crónicas policiales), requiere separar lo sexual de la genitalidad, que aún mucha gente confunde, encontrarse con un "otro" en otro espacio y que dispare conductas sexuales perversas, de consecuencias inimaginables en un niño; son cuestiones preocupantes y en estos tiempos de los derechos humanos se espera que los humanos tengan conductas razonables y propias de los adultos conducentes al cuidado, la contención y la protección del menor.
Los jueces tienen la palabra. Su mirada jurídica no debe desproteger al menor y debe castigar al adulto que vulnere la condición natural del niño en su vulnerabilidad y desigualdad frente a alguien que, "escondido, refugiado" en su condición de familiar o de docente, satisface su perversa mentalidad.
En dos años aumentó un 62% la cantidad de casos de abuso sexual a menores en la provincia, es decir que hay una víctima casi cada 4 días. Estos datos publicados hace una semana en este medio motivaron que varios especialistas se reunieran para debatir sobre esta realidad. En una de las ya tradicionales mesas redondas convocadas por DIARIO DE CUYO, representantes del ámbito gubernamental, judicial, educativo y de la salud hablaron sobre diferentes aspectos de esta problemática y, pese a sus diferencias, coincidieron en que falla la contención estatal de la víctima y de su familia durante el período que transcurre entre que se realiza la denuncia del delito hasta, al menos, la realización del juicio. Del encuentro, que duró dos horas, participaron el juez de Instrucción Benito Ortiz; Juan Carlos Noguera, juez de Paz de 9 de Julio; Marcelo Bartolomé, secretario social de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia; Clarisa Boto, secretaria del recientemente inaugurado Órgano Coordinador de Seguimiento, Evaluación y Prevención de la Violencia Familiar; Amelia Agüero, docente en zona rural; Silvia Pugliese, psicóloga y coordinadora del Comité de Maltrato Infanto-Juvenil del Hospital Rawson; y Graciela Martínez, trabajadora social que se desempeña en el Centro de Salud Báez Laspiur, en Chimbas.
La charla no sólo tuvo como eje el aumento de casos de abuso sexual a niños. El debate fue mucho más allá y hasta se discutió sobre la contención que da el Estado tanto a la víctima como a su familia. Los participantes concluyeron en que la misma falla, al menos, en el período que va desde que se denuncia el hecho hasta el inicio del juicio. Hicieron esta evaluación teniendo en cuenta las características comunes de la mayoría de los casos de abuso infantil según lo que ellos ven en su trabajo diario: ocurren en el seno de una familia numerosa de muy escasos recursos; el abusador es el padrastro del menor y es el sostén de la casa. “No hay una protección integral del niño y de su familia desde que se judicializa el caso. Falta, por ejemplo, hasta una contención económica por parte del Estado. Cuando se lleva a prisión al abusador, la familia de la víctima se queda sin el sustento que el sujeto proveía. A veces viene la mamá con el niño abusado para hacer la cámara Gesell sin siquiera haber desayunado. En el juzgado le damos un desayuno porque cómo puede el niño prestar atención a las preguntas que le hacen los profesionales si está pensando en el hambre que siente. Muchas veces también le damos dinero para el colectivo para que regresen a sus casas porque tampoco tienen”, dijo el juez Ortiz.
Por su parte el juez Noguera dijo que también es “testigo de esta falta de contención” durante esta etapa y sin que haya una solución. “No veo que los municipios se involucren tampoco en la contención y asistencia de la víctima y su familia”, sostuvo el magistrado.
“Los chicos abusados, por lo general, no vuelven a la escuela después de que se denunció su caso”. Lo dijo Amelia Agüero que es docente en una escuela que está en Médano de Oro. Agregó que las víctimas dejar de ir a clase por vergüenza. “Cuando el caso se denuncia y se detiene al abusador se vuelve conocido en la comunidad los niños sienten mucha vergüenza y no quieren salir de sus casas. El Estado no se encarga de saber si va a clase o de su revinculación con la escuela. A veces somos los docentes por voluntad propia quienes nos encargamos de ir a buscarlos”, dijo la docente.
Silvia Pugliese, la psicóloga, agregó que durante la etapa mencionada no se hace un seguimiento de que el menor abusado esté recibiendo contención psicológica. “Se les da los medios para que accedan a la terapia, pero también a veces por cuestiones económicas la abandonan. Y hay que destacar que un chico abusado puede salir del trauma con la terapia y recuperar su vida”, concluyó la especialista.
En tanto que la trabajadora social, Graciela Martínez, agregó que “es verdad que no hay un seguimiento de la contención de la víctima y de su familia”. Y que a veces son los organismos más chicos quienes se encargan de ese tema. “Cuando en el Centro de Salud Báez Laspiur detectamos un caso de abuso lo comunicamos a las autoridades competentes, pero no nos desligamos. Visitamos a la familia de la víctima, nos informamos cómo está el menor. Esto lo hacemos incluso hasta después de que el juicio se resuelve y el abusador es condenado porque tanto la víctima como su familia quedan en un estado de vulnerabilidad importante. Es la política de trabajo que seguimos en el Centro”, dijo Martínez. “Hay fallas en la contención, pero trabajamos para aceitar todo y que funcione lo mejor posible tanto para el niño abusado como para la familia”, dijo Marcelo Bartolomé, de Niñez, luego de escuchar a los demás integrantes de la mesa. Agregó que cuando la Justicia se hace cargo del caso, desde Niñez se trata de contener a la familia y a la víctima, “pero algunos aspectos se escapan”. “Desde que se judicializa la causa hasta que el niño va a la Cámara Gesell pueden pasar dos o tres meses. En ese tiempo su familia tiene que tratar de no hablarle del tema, pero es muy difícil en ese sentido. Podemos darle contención psicológica pero no podemos estar en su casa todo el día para que esto no suceda. Hay que ver la manera de superar este aspecto y estamos trabajando en ello”, sostuvo el funcionario.
Clarisa Boto también admitió que “hay mucho por mejorar, en pos de la contención y bienestar de la víctima de abuso y de su familia”. Dijo que con eso objetivo se conformó el pasado 16 de septiembre el Órgano Coordinador de Seguimiento, Evaluación y Prevención de la Violencia Familiar, aunque todavía no se ha concretado “ninguna política de acción al respecto”, “Tenemos que trabajar en el abordaje integral de la familia. Tenemos que pensar en la víctima, en su madre, en sus hermanos, en cómo se reintegra ese chico en la escuela, entre otras cosas. Hay que repensar y fortalecer el método de trabajo y desde diferentes ámbitos por eso este Órgano está formado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, sostuvo Boto.
MÁS ANIMO DE DENUNCIA
Los profesionales también coincidieron al afirmar que no saben a ciencia cierta si hay más casos de abuso sexual infantil. Sí que ahora se denuncian más. Agregaron que este ánimo de denuncia se debe al trabajo coordinado entre los organismos intervinientes que hace que la gente se anime a revelar estos hechos.
“Los docentes y médicos son actores fundamentales en detectar y dar aviso de casos de niños abusados. A mi juzgado se acercan las maestras en forma permanente para informarme sobre estos casos o de otro referido a violencia familia”, dijo el juez Noguera. Un protocolo de acción y la capacitación permanente de los empleados estatales es para Marcelo Bartolomé “una de las razones por las cuales la comunidad se anima más a denunciar este tipo de casos”. “La gente debe saber que este delito es de orden privada por lo tanto sólo puede ser denunciado por el apoderado legal del menor (padre o madre), sino por la asesora de menores. Nadie más puede denunciarlo, sí puede darlo a conocer”, dijo el funcionario.
Amelia Agüero, contó que hace un tiempo llegó a todas las escuelas la Guía Federal de Educación que dice cómo se debe actuar ante un caso de abuso o de violencia y que el Ministerio de Educación de la provincia capacitó a todos los docentes en este tema. “Los maestros ya sabemos interpretar algunas señales de abuso sexual en los alumnos, por ejemplo, que a pesar de hacer calor se abrigan mucho para ocultar y proteger su cuerpo”, dijo. Por su parte, Graciela Ramírez dijo que en el Centro de Salud donde trabaja también se manejan con un protocolo para dar aviso de un caso de abuso sexual infantil, y que para ello es fundamental el trabajo de todos los profesionales. “Los pediatras y enfermeros están capacitados para determinar cuándo la herida que tiene el niño no fue producto de una caída sino de un golpe. O que el nerviosismo que muestra a la hora de que el médico le levanta la remera para revisarlo puede ser un síntoma de abuso. De inmediato se comunica el caso a Niñez para su intervención”, agregó la especialista.
Clarisa Boto agregó que “es importante trabajar en la prevención de estos casos de manera integral, que es lo que se pretende desde el Órgano Coordinador, aunque aún no se ha determinado la forma de hacerlo”.
El juez Ortiz remató diciendo “lo importante es que, al menos, se está empezando a trabajar en el tema”.
El muestreo estadístico parcial de la Asesoría de Menores Incapaces Nro 2, realizado con datos del sistema de cámara Gesell, y sin incluir las cifras de la Asesoría Nro 1 ni los de la Segunda Circunscripción Judicial, de Jáchal e Iglesia, demuestra que en San Juan cada cuatro días hubo un chico abusado. Esas cifras son parte de una dolorosa verdad que antes se ocultaba y que hoy, progresivamente, va saliendo a la luz.
Si bien se va modificando la tendencia a callar en vez de denunciar, todavía se estima con fundamento que en este tipo de delitos es más lo guardado por las víctimas que lo revelado a las autoridades policiales. También que es en el ámbito intrafamiliar en el que se produce el mayor número de agresiones y, frecuentemente, los victimarios son los padres, padrastros, abuelos o tíos de las víctimas.
Este delito aberrante no se produce sólo en una clase social, sino que se presenta tanto en familias marginales como en las de niveles económicos medios y altos. Inciden en las primeras el hacinamiento y la promiscuidad; en las segundas, suelen ser factores desencadenantes el alcohol y las drogas. Lo cierto es que, en el perverso drama que se desarrolla en un escenario doméstico, todos sus miembros quedan comprometidos por acción u omisión, tanto por quienes cometen el abuso y los que lo toleran y callan.
Un capítulo aparte reclama el tratamiento por seguir con los culpables, aún después de haber cumplido con su condena. Se suele citar el antecedente de la denominada ley Megan, dictada en EEUU en 1996, que autorizaba la publicación en un sitio web de los datos personales de quienes hubieran sido penalizados por esa causa. La cuestión es compleja; lo indiscutible es la necesidad de proteger al menor.
El abuso sexual infantil es una abominable conducta que deja secuelas que los marcan para toda la vida. Las víctimas pueden presentar alteraciones en las áreas afectivas e intelectuales: conductas agresivas, miedo, timidez, problemas de aprendizaje, fobias, pesadillas, depresión, baja autoestima y rechazo escolar, entre otras.
El abuso sexual infantil conmueve y a veces paraliza. No debería ser así: la conmoción, en lugar de paralizar, debe actuar como un mandato que no debe dejar al margen a nadie. La indiferencia jamás debe llegar a ser una opción.
Por Mariana Carbajal
