domingo, 22 de noviembre de 2015

Contra el abuso infantil


http://m.lavoz.com.ar/editorial/contra-el-abuso-infantil

El drama del abuso de niños tiene números y actores: en Argentina, uno de cada cinco menores es abusado por un familiar directo antes de cumplir 18 años.

Los datos fueron difundidos por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Fein), sobre la base de investigaciones propias y algunos informes de organismos vinculados con el tema, ya que el país no cuenta con estadísticas oficiales a nivel nacional.

El abuso sexual constituye uno de los crímenes más macabros que se pueden cometer contra un niño. El otro es la violencia doméstica. 

En ambos casos, quien debe cuidar, proteger y amar hace exactamente lo contrario: abusa. Las consecuencias que esa truculenta transformación provoca en las víctimas son terribles.

Pero cuando la sociedad y el Estado no les prestan atención a esas víctimas, el drama se potencia. Cualquier menor abusado ha debido soportar muchos años de silencio, en medio de las peores amenazas formuladas por su abusador.

Ese silencio se amplifica cuando se toma conciencia de que el Estado no dispone de los medios indispensables para posibilitar que las víctimas hablen, receptar sus denuncias y contenerlas, a través de programas concretos que apunten a subsanar los daños, condenar a los abusadores y, en simultáneo, trabajar a favor de la prevención.

Como dice la introducción del informe, el silencio es la principal arma de los abusadores. Por eso la sociedad no puede quedarse callada ante semejante flagelo. Por el contrario, debe hacer escuchar su voz ante los distintos niveles del Estado y presionar para que las autoridades definan –sin dilación alguna– un amplio programa de acción que exprese, de manera racional, objetivos de corto, mediano y largo plazo que sean el centro de una campaña pública de concientización a la que puedan sumarse distintos actores de la sociedad civil.

Ese programa debe comprometer y sensibilizar a las fuerzas de seguridad, a los servicios públicos y privados de salud, al campo docente y al ámbito judicial, para que todos, por igual, aprendan a escuchar sin prejuicios la palabra de los niños, así como a reconocer en sus conductas su proximidad con este flagelo.

Porque si en esas instancias no se presta atención a lo que les pasa y se desvaloriza lo que dicen –con o sin palabras–, se los vuelve a victimizar una y otra vez.

Y si en las ocasiones en que la víctima se anima –de manera consciente o inconsciente– a buscar ayuda, el resultado es que no se le cree o no se alcanza a comprender el peso de lo que intenta expresar, creerá que no hay salida posible porque no encuentra nadie en quien confiar.

Comprometernos con un proyecto semejante sería una forma de expresar nuestro compromiso con la vida.

viernes, 20 de noviembre de 2015

Unas 20 personas marcharon contra el Abuso Sexual Infantil


A las 20.00, la movilización de escasa convocatoria en medio de un día de lluvias y tormentas, partió desde la Fiscalía hacia el Concejo Deliberante por calle Mitre, ascoltada por patrulleros de la Policía Local y un móvil de la Patrulla Preventiva.
La convocatoria fue efectuada por la Mesa Local de Violencia y Abuso Infantil que durante la movilización insistió en la necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, cárcel para los abusadores y un registro único de violadores, además del cumplimiento del Protocolo vigente por ordenanza desde el año 2012. 
Al llegar a las puertas del Concejo Deliberante, la referente de la Mesa Noemí Bordoy leyó un documento final en el que habló del "éxito de la convocatoria": "Decimos éxito porque sabemos que en ustedes están representadas muchas familias e instituciones. Hoy 19 de noviembre conmemoramos el día mundial de la prevención del abuso sexual infantil contra niños, niñas y adolescentes".
Bordoy explicó que "La Mesa (Local de Violencia y Abuso Infantil) es abierta, ad honorem y pueden integrarla quienes lo deseen y tienen como fin hacer cumplir este Protocolo", que rige con caracter de ley municipal. "Debemos decir que hemos avanzado mucho en lo que refiere la instalación de la Comisaría de la Mujer pero quedan muchos puntos de este Protocolo sin cumplir", manifestó.
"Hemos retrocedido en lo social y en la política de estado. Se ha hecho la vista gorda ante delitos aberrantes desde educación, desde el Servicio Local, la Policía, y en esto reconocemos que hay gente comprometida y que no podemos meter a todos en la misma bolsa. Pedimos que quien no se siente capaz o capacitado de un paso al costado. Hay falta de contención, de seguimiento de muchos casos y eso pudo haber prevenido muchos delitos", denunció.
Además reclamó que los organismos intervinientes en casos de violencia de género y abuso entreguen las estadísticas correspondientes: "Nosotros queremos las estadísticas para poder publicarlas todos los 25 de noviembre y de esa manera cumplir con la ordenanza que indica que hay que unificar las estadísticas. Años tras años las pedimos a Fiscalía, a Desarrollo Humano y sólo las hemos recibido desde la Comisaría".
"Pedimos a la sociedad más compromiso. Que denuncie los casos que conoce. Si hacemos esto quizás salvemos una vida, quizás evitemos una violación. Pedimos a los Jueces y a los Fiscales que cumplan con la figura de la identidad reservada de los denunciantes y que los protejan", sostuvo.
"Pedimos que no cierren las causas, que no las archiven antes de haber investigado. Tenemos fiscales archivadores en San pedro. Pedimos profesionales capacitados, que cumplan con la Ley y la Ordenanza todos los efectores que deben integrar la Mesa", concluyó Bordoy, que se comprometió a mantener siempre la instancia de diálogo abierta desde la Mesa.
En la marcha estuvieron presentes integrantes de la Mesa, allegados a víctimas de abuso, la Concejala electa Florencia Sánchez Kasta, la titular del Rotary San Pedro Analía Parolín e integrantes del Movimiento de Mujeres Minerva Mirabal y Libres de Miedo.

sábado, 14 de noviembre de 2015

No es película


En Santa Fe un padre rescató a su hija de una red de trata de personas: viven amenazados


La chica tiene 18 años y fue secuestrada en enero. Ocho meses después pudo llamar al padre. Y él fue a sacarla de un prostíbulo rutero de Santiago del Estero. En tres oficinas policiales no lo ayudaron y en la Justicia miraron para otro lado.


Setecientos kilómetros de madrugada manejó Mario Gamarra en un coche viejo para rescatar a su hija Romina, cautiva en un prostíbulo rutero de Santiago del Estero. Contrajo deudas por unos cuantos pesos para pagar la nafta, ya que las flores que vende en el cementerio municipal de Santa Fe no dan para tanto, y tuvo que sacar coraje de donde no creía tenerlo. Con todo en contra, igual logró encontrarse con la chica y llevarla de vuelta a casa junto con una amiga, que estaba en iguales condiciones de esclavitud.


Pero el viaje de Mario no terminó ahí. Se enfrentó con tres oficinas policiales diferentes, a cual más incrédula, para pedir una protección que no llegó. Tuvo que oír el relato de su hija, quien tras ser secuestrada pasó ocho meses siendo prostituida en cabarés de tres provincias distintas, y ver cómo la Justicia miraba para otro lado. Convivir con las amenazas de los captores se le hizo habitual. Tal vez lo único que no esperaba fue el giro que tomó la historia en estos días: María Cristina Ojeda, la chica que había rescatado con Romina, desapareció de su casa, reapareció para decir que todo era falso, y volvió a desaparecer.



Nadie, ni siquiera Mario, cree que lo de María Cristina sea normal. El ministro de Gobierno santafesino, Roberto Rosúa, dijo a Clarín que todo indica que la chica está "bajo presión de los proxenetas". Legisladores nacionales y provinciales hablan de lo mismo. El abogado de los Gamarra, Guillermo Strazza, está convencido de que la joven está en poder de los captores. El Ministerio del Interior ya ofreció su apoyo a la familia y el Programa Nacional Anti—Impunidad del Ministerio de Justicia la asesora.



Sin embargo, María Cristina sigue desaparecida y Mario continúa conviviendo con los secuestradores de su hija, a pesar de que hay tres órdenes de captura vigentes. Allí, en el humilde barrio santafesino, se mezclan aquellos que la Policía debería estar buscando con las historias de ocho chicas a las que se les perdió el rastro. "Desde hace 15 años, la zona es un 'criadero' para la trata de personas: exportan mujeres en lugar de futbolistas", señala el abogado Strazza.



A sus 40 años, fatigado de su trabajo de florista ambulante en el cementerio, Mario recién abrió los ojos a esta realidad cuando la desaparición de la mayor de sus tres hijos se la puso delante. La chica, una morocha de 18 años que cursaba cuarto del secundario, venía comentado que un vecino la acosaba. Pero nada más.



El 13 de enero último, las cosas cambiaron. Según se enteraría Mario, Romina volvía a su casa con su hermano de 15 años cuando ese vecino que la acosaba bajó de un auto, la encañonó y se la llevó entre amenazas.



A partir de ahí, a la hija de Mario se le acabó la juventud. "La buscamos por todos lados, pero sólo había rumores", cuenta el florista a Clarín por teléfono. El testimonio que daría luego la chica dice que durante un tiempo la mantuvieron retenida a 30 cuadras de su casa, siempre amenazándola con matar a su hermano. Y que luego su captor la llevó a la misma comisaría donde sus padres habían denunciado su desaparición para que dijera que estaba bien.



Después, a Romina la llevaron a una whiskería de la localidad bonaerense de General Rodríguez, para obligarla a trabajar como prostituta. Ahí, contó, vio a policías que pasaban a cobrar comisión y a un político local. También se encontró con seis chicas santafesinas que, aseguró, estaban como ella: esclavizadas, durmiendo en cuartos con rejas y atendiendo clientes a toda hora.



A fines de febrero la llevaron a un local ubicado sobre la ruta 9, en Bell Ville (Córdoba), donde halló más santafesinas. De ahí, dijo, la pasaron a la whiskería "Negro el 20", en la ruta 51 de La Banda, Santiago del Estero. Un mes en cada lado, y a rotar. Hasta que se cruzó con un piadoso que le permitió llegar a su padre.



Romina le contó a un cliente lo que pasaba y éste le consiguió un celular para que, el 13 de setiembre, llamara a su familia. "Dijo que estaba en La Banda, que la fuera a buscar", recuerda Mario. "No dudé. Cargué nafta y cargué a mi pibe para que me lea los carteles de la ruta, porque tanto no sé leer", explica. "Iba re cagado".



La chica le había pedido que estuviera en la esquina de la whiskería a las 3 de la mañana. "Yo no le quería fallar. Salimos a las 7 de la tarde y llegamos allá a las 2.30. Pero en el camino se me acabó la tarjeta del celular y quedamos incomunicados", señala. "En eso nos paró la Policía y les dije: 'Ando paseando por acá', y nada más. No podía confiar".



Mario por fin pudo hablar con Romina desde un público. "Nos dijo que no podía a las 3, que había mucho trabajo y la estaban controlando, que esperáramos a las siete y media que llegaba la chica de la limpieza", apunta.



Mientras Romina soportaba un poco más, Mario se preparaba. "Paré enfrente, hice como que se descompuso el auto y puse balizas", repasa. "En eso el nene mío la vio. Y yo veo que salta la tapia con la otra piba (María Cristina Ojeda) y atrás venía un gordo con un fierro". Las chicas habían empujado a la de la limpieza en la puerta. "Arranqué cagando".



A Mario se le aceleraba más el corazón que el auto. Así manejó 300 kilómetros hasta Palo Negro, en el límite de Santiago. "Puse la denuncia y pedí custodia. Me dijeron que no, que esto y aquello. Llamaron a la Policía de Santa Fe y me reprocharon que no había ido ahí. ¿Qué posibilidad de vida me daba hacerles la denuncia a ellos? Ahí nos fuimos hasta Ceres. Yo hacía 24 horas que no dormía, y el milico de ahí me tomaba como que yo había hecho una joda. '¿No tenía otra comisaría para ir?', me decía".



Al fin, llegaron. Romina volvió a casa y María Cristina se reencontró con su hijito de 3 años. Ambas se presentaron entonces ante el juez provincial Diego de la Torre, quien pidió la captura de Martín "Chino" Núñez, de un primo suyo y de Juan Osuna, señalado por Ojeda como un hombre que la habría seducido para meterla engañada a trabajar como esclava en las whiskerías. 



Las detenciones nunca se concretaron, pero Mario y su familia empezaron a recibir amenazas. La causa pasó a la fiscal federal Griselda Tessio y a las pocas horas, el domingo pasado, María Cristina desapareció. Distintos testigos la vieron acompañada por uno de los prófugos buscados por la Justicia, por lo que se lanzó una campaña para hallarla.



La chica reapareció el martes: acompañada por un misterioso abogado, le dijo a la fiscal Tessio que todo había sido mentira, que no la tenían cautiva. Lo mismo repitió a un diario local y agregó que Romina miente. Enseguida, volvió a desaparecer.



Nadie cree que María Cristina esté bien. "Me siento mal al ver esto, porque yo la traje haciéndole una gauchada. Estaba tan agradecida...", dice Mario. "Esperemos que esto se vea en la Justicia", se esperanza. Y vuelve a juntar sus flores para vender.

jueves, 29 de octubre de 2015

Es ley la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil



La Cámara Alta en la sesión de ayer, transformó en ley el proyecto que establece la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil, ampliamente debatido en la Comisión de Justicia del Senado, que preside el senador Guillermo Guastavino (FPV). La iniciativa, autoría de la legisladora Sigrid Kunath (FPV), fue aprobada en Diputados con modificaciones, establece la suspensión de la prescripción “mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad” y a su vez “incorpora el delito de trata de menores, dentro de los  contemplados en la suspensión de la prescripción”, según información enviada a DIARIOJUNIO.
Como miembro informante, Guastavino resaltó: “Entendemos que por más que se modifica el proyecto original, la versión de diputados constituye un importante avance en la protección de los menores contra el abuso sexual y consideramos un gran aporte la inclusión de la trata de personas”.
“Me parece importante destacar los esfuerzos que este Congreso ha hecho para sancionar la Ley 26.705 por la que se modificó el plazo de prescripción de la acción penal estableciendo que la misma comienza a correr luego de adquirida la mayoría de edad, y que ha resultado un gran avance en materia de tutela de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, pero entiendo que la realidad nuevamente nos impone un cambio y este proyecto representa ese cambio”.

martes, 27 de octubre de 2015

El juicio después de la sorpresa


Javier Broggi era funcionario de Urdinarrain y trabajaba en el Colegio Nacional local. Está acusado de haber abusado sexualmente de los hijos de sus amigos durante largos años. El caso produjo conmoción y llevó a la creación de la ONG Con los Gurises No.

 Por Mariana Carbajal
El juicio contra el ex responsable del Area de Cultura de la ciudad entrerriana de Urdinarrain, acusado de abusar sexualmente de los hijos de sus amigos durante largos años, comenzó ayer en los tribunales de Gualeguaychú. Javier Broggi, quien fuera además secretario del Colegio Nacional local, está acusado de los delitos de “promoción a la corrupción agravada de menores, en la modalidad de delito continuado”, con penas de 10 a 15 años de prisión. En la primera jornada del debate oral y público, declararon como testigos tres de las víctimas –dos son querellantes, todos mayores de edad–, un familiar de otra, un policía que participó del allanamiento en la casa de Broggi y un perito informático que trabajó sobre el material secuestrado. El caso, que conmueve al pequeño pueblo sojero, llevó a la creación de la ONG Con los Gurises No, que trabaja desde entonces contra el abuso sexual infantil. Con carteles, muchas de sus integrantes, madres de víctimas, esperaron a Broggi a la salida del Tribunal: “Hijo de puta, abusador”, le gritaron. El acusado prefirió bajar la vista y no responder. Tampoco a la prensa, que por disposición de los jueces no tiene permiso para ingresar a la sala de audiencias, a pesar del pedido de los familiares y las víctimas para que pudieran seguir el debate.
En total fueron citados unos 18 testigos. Hoy está previsto que declaren los que restan, entre ellos, dirigentes políticos de Urdinarrain como el ex intendente Alberto Monracco, docentes que se desempeñaron en el mismo colegio que Broggi, familiares de víctimas y peritos psicológicos y psiquiátricos. El jueves podrían ser los alegatos. Broggi fue funcionario municipal hasta 2008, cuando salieron a la luz estos hechos que se le imputan. El tribunal está presidido por la jueza Alicia Vivian y se completa con los vocales Alberto Seró y Mariano Martínez.
Al comenzar la audiencia, las partes acusadoras dieron cuenta de los hechos investigados. Broggi llega a juicio acusado por los abusos cometidos presuntamente contra dos jóvenes cuando eran adolescentes, entre 2002 y 2003. Pero en realidad, sus víctimas serían muchas más –se calculan alrededor de 40, entre 1988 y 1995– aunque la mayoría prefirió guardar silencio y no denunciarlo. En esos casos, además, los delitos que se le podrían imputar estarían prescriptos, tal como informó este diario.
El fiscal coordinador, Lisandro Beherán, detalló: “Broggi, aprovechando su función en la municipalidad, montó una escena en la que ofrecía sesiones fotográficas para eventos que no existían y sólo tenían como fin acercarse a las víctimas”. El fiscal precisó que llevaba a sus víctimas a la Estación de Trenes de Urdinarrain –donde él mismo había montado un centro cultural–, para tomarles fotos con trajes de “dioses romanos o curas”. Luego les pedía que se cambiaran de ropa y les ofrecía prendas muy pequeñas, por lo que los muchachos quedaban casi desnudos. En ese contexto los abusaba. También, en la casa del imputado, donde les exhibía material pornográfico. En el alegato se habló de manoseo y tocamientos reiterados que “afectaron el libre desarrollo de la sexualidad” de las víctimas.
El juicio tiene lugar en los tribunales de Gualeguaychú, a 56 kilómetros de Urdinarrain. El caso fue revelado en su momento por la revista Análisis Digital, que dirige el periodista Daniel Enz. Urdinarrain tiene unos 10 mil habitantes. Conocer lo que había pasado con tantos chicos “generó una gran conmoción”, contó a este diario Norma Romero, ex rectora del Colegio Nacional del pueblo y ex concejal, en tiempos en que Broggi era secretario en ese secundario y además funcionario municipal. A partir de que se destapara el caso, ella junto a madres de algunas de las víctimas –que con sus esposos eran íntimos amigos de Broggi– impulsó la creación de una ONG, Con los gurises no, que trabaja en la zona para concientizar sobre el abuso sexual infantil.
La querella coincidió con la exposición de la Fiscalía y remarcó la condición de funcionario público que ostentaba Broggi. “Las víctimas llegaron a tomarse esos hechos como algo ‘normal’”, subrayó la abogada Estela Esnaola. La defensa rechazó las imputaciones. Y adelantó que pedirá la absolución por prescripción.
Las tres víctimas dieron detalles de los hechos, de cómo los habían marcado en su vida, de la confianza que le tenían. Una mujer, familiar de una de las víctimas, ex vecina de Broggi y también ex compañera de trabajo, contó a los jueces cómo se enteró de los abusos. Dijo que la llamó su hermana para decirle que su sobrino había sido abusado por Broggi. “Fue un shock porque me crié con Javier y siempre nos mantuvimos cercanos”, señaló. Refirió a la primera reacción de los padres del joven. “La mamá tuvo una crisis de llanto y el papá quiso ir a pegarle, pero lo frenamos.” La testigo recordó que hablaron con una concejal del pueblo, quien luego le contaría lo sucedido al intendente. Esa edil también lo encaró a Broggi y le preguntó si era un pedófilo. “Según los dichos de ella, él le reconoció eso, agregó que hacía esas cosas desde los 15 años y que había abusado de muchos, muchos niños.”

domingo, 25 de octubre de 2015

Citan a declarar sin Cámara Gesell a una nena de 10 años



La audiencia del juicio se realizará el 18 de noviembre en el Tribunal Oral Criminal N°2 de Dolores, ubicado en Alberdi N°137, donde la niña fue citada en calidad de "testigo" ofrecida por la fiscalía que investiga la causa, confirmaron fuentes judiciales.

"Mi hija es víctima de este sujeto que abusó de ella en reiteradas ocasiones. Desde muy pequeña ella contó lo que su papá le hacía, se lo contó a muchas psicólogas, tuvo nueve peritajes y todos dieron positivo a abuso, no la pueden someter a contar todo una vez más, frente a jueces y al abogado defensor", expresó a Télam I.M., mamá de la víctima quien prefiere resguardar su identidad.

I.M. se separó del padre de la niña cuando ella tenía 8 meses y las sospechas de abuso comenzaron a los dos años y medio, cuando la pequeña comenzó a expresar algunas de las situaciones a las que su papá la sometía.

La mujer comenzó a pedir ayuda desde entonces, pero fue recién en 2009 cuando realizó la denuncia penal asesorada por el servicio local de la localidad bonaerense de Pinamar, tras un hecho relatado por la niña que no dejaba lugar a dudas.

Desde entonces, la pequeña relató ante nueve psicólogos especializados y todos coincidieron en el diagnóstico de abuso.

"Las pericias eran claras y todas coincidían. No se entiende por qué la justicia está demorando tanto en dictar una sentencia", recordó Patricia Gordon, coordinadora de la organización EnRed y psicóloga especializada en abuso sexual infantil (ASI), quien hace cinco años realizó una evaluación de la nena.

Y añadió que "exponer a la niña a declarar en una audiencia oral es una aberración psicológica y jurídica, es absolutamente revictimizante no sólo por lo que debe volver a contar, que ya contó, sino por el contexto, esto vuelve a ocasionar un trauma".

Aunque sin brindar ningún detalle de la investigación para resguardar a la niña, la Asesora de Incapaces de Dolores que la representa, María Angela Salim, aseguró que "se están pidiendo todas las medidas de protección necesaria" y afirmó: "Que esté citada no implica que se la obligará a declarar".

Como los delitos fueron cometidos en General Madariaga y Pinamar, el juicio se lleva adelante en Dolores, donde no hay Cámara Gesell, que es una habitación acondicionada para la declaración de testigos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como los niños, niñas y adolescentes o las víctimas de trata, entre otras circunstancias determinadas por la ley.

"Una pregunta que habría que hacerse es por qué un departamento judicial como Dolores no tiene una Cámara Gesell, cuando se trata de acondicionar una habitación separada de otra habitación más pequeña con un vidrio y un mínimo sistema de micrófonos", afirmó Gordon.

Pero el departamento de Dolores no es el único sin este dispositivo, según describió a Télam Juan Pablo Gallego, el abogado que representó a los niños abusados por el sacerdote Julio César Grassi: "En los tribunales de San Martín tampoco cuentan con Cámara Gesell, hace poco tuve un juicio allí y tuvimos que utilizar las dependencias de los tribunales de Lomas de Zamora que sí tienen".

En Argentina la forma de declarar se rige por los códigos de procedimientos: "A nivel nacional fue cambiado a partir de la ley 25.852 y se prohibió específicamente que los niños, niñas y adolescentes sean entrevistados por jueces, fiscales o personal policial", detalló a Télam el juez platense Carlos Rozanski, redactor de la normativa.

El magistrado indicó que esto rige en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y en los federales, y que luego cada provincia modificó su código de procedimientos para adaptarlo a la 25.852.

"En el caso de la provincia de Buenos Aires, si bien no se tomó exactamente la ley nacional, lo que hay que tener en cuenta es que existe un artículo en la Convención Internacional de los Derechos del Niño que dice expresamente que deben ser oídos y para eso se debe generar un ámbito apropiado", sostuvo.

"Es decir que ninguna ley provincial puede ir en contra del bien superior que es el derecho del niño y que está garantizado en la Constitución Nacional desde el momento en el que la Convención tomó rango constitucional", añadió el autor del libro "Abuso Sexual Infantil, ¿silenciar o denunciar?".

"La importancia del contexto a la hora de darle la palabra al niño es central. Si uno pone a declarar a un niño o niña abusado frente a hombres de saco y corbata que le hacen preguntas no le está dando la voz, en realidad lo está silenciando", concluyó. 

sábado, 24 de octubre de 2015

El abuso sexual es un problema de salud pública



 Por Irene Intebi (*) 
Recibo un email de change.org. Pide que cada uno de los candidatos se comprometa a decir que va a hacer en favor de los chicos argentinos. Miro las noticias. Siempre un nuevo caso de abuso sexual acapara la atención pública por un par de días antes de diluirse a toda velocidad. Supongo que alguien se debe estar preguntando qué pasa, si ahora hay más casos que hace unos años atrás o si este tema está de moda. Tal vez alguien reflexione erróneamente: “Total, hoy es tan fácil hacer una denuncia y complicarle la vida a un inocente”.
Me pregunto si alguien se pregunta si no será verdad eso que dicen las estadísticas que cada tanto le llegan a la opinión pública: que 1 de cada 5 chicas y 1 de cada 8 varones menores de 18 años fue víctima de conductas sexuales inadecuadas.
Me pregunto si a alguien se le ocurre intentar bajar las estadísticas a la realidad y visualizarlas. Un ejercicio puede ser observar los viajeros y viajeras de un vagón de subte en hora pico, marcar mentalmente a 1 de cada 5 mujeres y a 1 de cada 8 varones. Las víctimas, los y las sobrevivientes. Abuso sexual infantil: un problema complejo de múltiples aristas e implicancias. Una violación de derechos. Un delito. Un problema de salud pública.
¿Qué pasaría si nuestro país –o cualquier país– tuviera que afrontar un problema de salud que afectara a este mismo porcentaje de población infantojuvenil? ¿Qué pasaría si la amenaza fuera el cólera, el dengue o la gripe A?
Como ya nos pasó, se harían campañas a través de los medios de comunicación para que la gente supiera identificar los primeros síntomas y conociera los lugares a dónde se tendría que dirigir para ser asistida. Habría salas de atención primaria preparadas para recibir las consultas y efectuar las derivaciones. Habría hospitales en la segunda línea listos para evaluar, internar y tratar los casos más complicados y servicios de mayor complejidad listos para aquellos todavía más graves.
Toda la sociedad estaría en alerta y contaríamos con una estrategia de niveles de complejidad crecientes y con equipos entrenados para intervenir con eficiencia, para salvar vidas y reducir las consecuencias al mínimo con equipos que no serían solamente sanitarios sino de distintas disciplinas
En la mayoría de los países no hay políticas que tengan en cuenta que el abuso sexual, el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar constituyen un problema de salud pública, que afecta a la salud de las personas, que es una cuestión más compleja que la vulneración y la violación de los derechos. Es un problema sanitario que tiene consecuencias a largo plazo y cuyos efectos no se pueden solucionar si no se le ofrece a la población servicios adecuados tanto para la detección, la evaluación, la intervención como para el seguimiento.
Vuelvo a las noticias del día. Dicen que a 3 meses del #NiUnaMenos se registraron otros treinta femicidios.
(*) Psiquiatra Infantojuvenil y psicóloga. Ex Presidenta de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil (ISPCAN) y autora de libro “Abuso sexual infantil: En las mejores familias”. www.centroderecursos.com.ar